El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha estado presente este martes en el foro que ha organizado ABC de Sevilla. En él, el presidente ha asegurado que uno de los problemas para el acceso a la vivienda es el de la "inseguridad" de los propietarios para poner su piso en "venta o alquiler", porque creen que los "inquiocupas" van a entrar en él. Según Moreno, tras realizar un estudio de mercado, en Málaga se han detectado un 30% de viviendas "sin alquilar" por este motivo.
La derecha y ultraderecha han encontrado un 'filón' con el bulo de la okupación de viviendas, desviando el foco hacia un problema prácticamente inexistente, pese a que muchas televisiones, radios y periódicos dediquen horas de tertulia a dicha "problemática". Por poner en perspectiva, en el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) que se publicó en el día de ayer, de los 79 "problemas existentes" que los andaluces y andaluzas señalaron en Andalucía, en ninguno de ellos estaba la ocupación de vivienda. Sí aparece, no obstante en el apartado de "problemas que más afectan" a los andaluces, donde un 0,5% apuntaba al "movimiento okupa". Un porcentaje 'residual' si tenemos en cuenta que el problema del "acceso y precio de la vivienda" fue señalado por el 17% como uno de los principales problemas de nuestra comunidad, donde a su vez el 10% de los andaluces declaraba que era el problema que más le afectaba en estos momentos.
"En Málaga hay más de un 30% de viviendas que no se ponen en alquiler, y cuando se hace el estudio de mercado, te dicen claramente que no se ponen en alquiler por un problema de seguridad, porque creen que su vivienda pueden perderla o van a tener un problema con la inquiocupación", han sido las palabras del mandatario andaluz.
Además, según una encuesta de 40db para El País y Cadena Ser el pasado febrero, se detectó una "sobredimensión" del problema de la okupación en los españoles, percibiendo este 'problema' 893 veces mayor de lo que es en realidad. En Andalucía, por ejemplo, el Gobierno andaluz dispuso de una Oficina Antiocupación en enero de 2021, después de un acuerdo entre el Gobierno de PP y Ciudadanos con Vox. Esta oficina, en cuatro años, registró tan solo un total de 12.814 llamadas. Según los datos ofrecidos por las Fuerzas de Seguridad este año, este cuerpo registró un total de 2.207 llamadas en 2024 por 'okupación de vivienda', aunque realmente la mayoría de estas llamadas estaban relacionadas con delitos de usurpación de vivienda o allanamiento.
La realidad es que es un problema inexistente, tal y como atestiguan los datos, pese a que se le dé alas desde el propio Gobierno andaluz a generar tal inseguridad. De hecho, en la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, se apuesta por la creación de una Comisión de Coordinación en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal, un punto de partido erróneo, porque parte de comparar dos problemas completamente distintos y que generan sentimientos dispares en la percepción ciudadana. Mientras que el número de denuncias por okupación disminuyó un 5,3% en 2024, Andalucía fue al segunda comunidad autónoma en la que se practicaron más "lanzamientos", con 4.027.
Precio de la vivienda
En Andalucía hay, según señalan los expertos, dos problemas fundamentales, aunque conjugados con otra docena de ellos, que provocan que el acceso a la vivienda sea una 'quimera' para gran parte de la población. En el primer semestre de 2025 el precio del metro cuadrado en Andalucía se ha encarecido un 8,5% respecto a 2024, que ya experimentó una subida del 3,5% respecto a 2023. Según varios portales inmobiliarios, como el caso de Fotocasa, Andalucía es la comunidad autónoma que experimenta un mayor aumento en el precio de la vivienda, alcanzando, en algunas localidades, hasta un 20% de incremento.
Por otro lado, otro de los problemas principales es el de las viviendas vacías. Según denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Sevilla en conversación con ElPlural.com, o la propia Ley de Vivienda de Adelante Andalucía, en nuestra comunidad hay 640.000 viviendas vacías en "manos de bancos o fondos de inversión". Unas viviendas que, tal y como denunciaba el portavoz de las inquilinas, Iban Díaz, provocaba un "aumento del resto de las viviendas porque tensionaba el mercado, al reducir drásticamente la oferta".