Los bomberos forestales se mantienen en pie de guerra contra la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno Bonilla, meses después de los incendios que el pasado verano fueron devastadores para parte de la Autonomía.

En esta ocasión, según denuncian trabajadores del sector, la región se estaría negando a aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación que permite a los operarios a dejar de trabajar a una edad más temprana, pensados especialmente para aquellas labores consideradas de mayor riesgo. De esta manera lo explica Serafín Martín, representante de la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), en conversaciones con ElPlural.com.

“Llevan dos o tres meses diciéndonos que van a sacar los certificados -documentos que en última instancia son necesarios para optar a este derecho-, pero no llegan”, afea ante este periódico, reconociendo que “no saben a qué se deben estos retrasos”, pero es un asunto que, asegura nuestra fuente, urge: “Se lo hemos preguntado a la Junta a través el Comité Intercentro, que es regional, pero nos responden eso”.

En este sentido, expone que se corresponde con el único trámite que falta, ya que el Gobierno Central ya ha hecho su trabajo en este sentido: “Había un año de plazo desde noviembre de 2024, se han realizado las actuaciones oportunas y ya solo falta la emisión de los certificados”. “Entendemos que hay un derecho que coarta la Junta al no emitir los certificados y desconocemos el motivo. Eso es lo que denunciamos”, asevera Martín.

En términos algo más técnicos, UITA se ampara en el Real Decreto 383/2008 y los posteriores desarrollos normativos que reconocen esta situación. “Aunque hayamos desempeñados nuestras funciones durante años, sin la acreditación oficial de la administración, ese tiempo no se reconoce como actividad especialmente penosa o peligrosa, y por tanto no se computa para una jubilación anticipada conforme a la normativa vigente”, subraya.

Con todo, las exigencias de los bomberos forestales pasan por la emisión inmediata de los certificados de empresa acreditativos de los periodos trabajados en funciones de bomberos forestal; el cumplimiento íntegro del mencionado decreto y de las resoluciones que amparan la aplicación del coeficiente reductor; y la asunción de responsabilidades por parte de los responsables de la Agencia y de la Consejería de Presidencia por lo que consideran, obedece a un incumplimiento reiterado de la normativa estatal.

El sindicato no descarta iniciar acciones legales y sindicales con el objetivo de garantizar los derechos laborales ni acudir a los tribunales de lo social, así como al Defensor del Pueblo Andaluz.

“La movilización está sirviendo”

 Los operarios celebran, por otro lado, que las informaciones publicadas por este periódico a lo largo de los últimos meses “están sirviendo”. A la hora de destacar una de las luchas histórica de los compañeros, se refiere a la situación de restos animales en instalaciones, que ya han quitado. “Después de 20 años, por fin se los han llevado”, subraya desde el otro lado del teléfono.

Como este escenario, denunciado desde hace meses a este medio, Martín hablaba de otros como el mantenimiento de sustancias tóxicas en las instalaciones o la deficiencia de estas últimas. Esto por no mencionar las condiciones a las que se han enfrentado durante la época estival, cuando han trabajado hasta su reemplazo con cascos caducados o comiendo de forma claramente deficiente en una situación de absoluto riesgo para la comunidad autónoma.

El abandono por parte de la administración pública ha sido la máxima que se ha producido en el resto de territorios en los que el fuego golpeó con fuerza, todos ellos gobernados por los ‘populares’: Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana e incluso Madrid.

Aprobación en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobaba hace cosa de un mes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto que reconoce los coeficientes reductores de la edad de jubilación a los agentes forestales y medioambientales.

Moncloa celebraba que, con la entrada en vigor de la normativa, los agentes forestales y medioambientales experimentarían una reducción en el acceso a su pensión de jubilación de tantos años como resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajador, siempre que la persona a la que afecta acredite un periodo mínimo de cotización de 15 años bajo la condición de una de estas dos profesiones.

Martín proyecta que “se aprobaron los coeficientes reductores para los bomberos forestales incluyéndonos a nosotros”. “No ocurre lo mismo con los agentes medioambientales, que también dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En nuestro caso no es así”, define. “Hay compañeros que se han quedado en la antigua Agencia, pero entendemos que ellos también se pueden acoger a este derecho”, dicta el representante sindical, cifrando en unos 300 los trabajadores a los que afectaría la decisión.

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