La vivienda será uno de los principales temas de debate en la campaña autonómica andaluza cuya culminación está prevista para el próximo domingo 17 de mayo. Quedan por delante 54 días en los que el Ejecutivo de Moreno Bonilla presumirá a bombo y platillo de unos números artificiales que no se corresponden con la realidad cotidiana de los andaluces y andaluzas, y que camuflan los verdaderos problemas soterrados en nuestra comunidad. Manilva (Málaga), es claro ejemplo de la 'Andalucía a dos velocidades' de la que a Moreno no le gusta hablar.
El problema que se ha originado en Manilva evidencia la vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía andaluza, y la desprotección que sufren de los poderes públicos. A diferencia de lo que ocurrió con el barrio de Palmete en Sevilla, donde finalmente el desahucio de un bloque de viviendas se pudo salvar gracias a la colaboración institucional, en este caso los vecinos de la localidad malagueña no han tenido el mismo destino.
El problema principal proviene desde que un fondo de inversión se hace con la titularidad de las viviendas en 2024, dejando a las familias sin opción a pagar el alquiler que estaban asumiendo e imponiéndoles una opción a compra totalmente disparatada para unas viviendas que habían construido ellos mismos. Por tanto, este fondo inicia un proceso de ejecución hipotecaria.
Esta ejecución fue fijada para este martes, 24 de marzo, cuando las familias han despertado con un imponente dispositivo policial a las puertas de sus viviendas, acompañados de una comitiva judicial que ha sido quien ha certificado finalmente los desahucios. Pese a que había decenas de activistas por la vivienda, acompañados de plataformas ciudadanas para frenar los desahucios y dirigentes políticos de la formación de IU, Por Andalucía y Podemos Andalucía, las familias no han podido resistir. La mayoría de las familias han sido desalojadas, a falta de las personas con discapacidad. De hecho, una ambulancia ha tenido que llevarse a una mujer afectada porque le ha dado un síncope, según relatan fuentes allí presentes. La mujer estaba a la espera de realizarse mañana miércoles una operación de corazon.
Tras el desalojo, las familias han acudido al Consistorio local a pedir explicaciones a los responsables institucionales que han dejado vendidas a estas familias a las voluntades del fondo de inversión que ha acabado ejecutando el lanzamiento.
La Junta de Andalucía no ha frenado el desalojo
El pasado mes de febrero, en la Cámara andaluza, el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, planteaba a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, qué iba a hacer la Junta de Andalucía para frenar lo que Jurado describía como el "mayor ejemplo de lo que es la especulación" inmobiliaria y de cómo esta agrava "el problema de la vivienda".
A esta pregunta, la consejera del PP andaluz se lavó las manos, esgrimiendo que estaban esperando un informe de vulnerabilidad que había de redactar el Ayuntamiento local, delegando la responsabilidad a esta institución. Según Díaz, la delegación territorial de Fomento en Málaga estaba en contacto con el alcalde de Manilva y a la espera de dicho informe.
La consejera de Moreno insistió en que una vez llegara dicho informe de vulnerabilidad se adoptarán “las decisiones y las medidas que dentro de nuestra competencia tenga esta consejería y que tenga también la Junta de Andalucía en cualquier otra consejería podamos ofrecer”.
“No le quepa la menor duda que este Gobierno responde, que este Gobierno no cierra los ojos ante determinadas circunstancias y que este Gobierno está pendiente de esas 62 familias de Manilva”, espetó sin ningún tipo de pudor la consejera. Apenas un mes y medio después, las familias han sido completamente desalojadas y desoídas en el Parlamento andaluz.
Manilva
Las familias llevan más de una década viviendo en un barrio que cuando llegaron estaba prácticamente desierto. Más allá de las estructuras, a las casas les faltaba lo indispensable para ser catalogadas como tal: luz, agua, ascensor... "no había nada", relataban las familias la pasada semana en el Parlamento andaluz. Tuvieron que ser las propias familias quienes levantaran sus propias casas y bloques de vivienda, a las que accedieron a través de un contrato de alquiler con una promotora, Satek, en 2015.
En primer lugar, las familias pagaban 50 euros de alquiler. Posteriormente, en 2017, la empresa Stak cambia su denominación social a Lunix, y se firman nuevos contratos donde desaparece la opción a compra para las familias y el alquiler asciende hasta los 230 euros. En 2023, el episodio funesto para estas familias tiene lugar después de que la finca saliera a subasta y quedara desierta. Tras ello, un fondo de inversión se hace con su titularidad, mientras que los vecinos eran ajenos a todo lo que estaba ocurriendo.
Las vecinas relatan que les informan de que en 2024 iban a dejar de renovarles los contratos, sin ningún tipo de información extra. Para más inri, les pedían para comprar las viviendas que ellos mismos habían construido hasta 200.000 euros, cuando este fondo de inversión las ha comprado por en torno a los 15.000 euros. En un primer momento, las vecinas tratan de continuar pagando, pero les es imposible porque el Juzgado cierra una cuenta en la que estaban depositando dicho pago. Finalmente, el fondo de inversión inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la empresa constructora y promotora, Manilva Sol y Golf S.L, extinta y con la que las familias no han tenido contacto.