Málaga vuelve a convertirse en escenario de una campaña de bulos dirigida contra el Gobierno de España. En esta ocasión, la polémica ha sido alimentada por el Partido Popular a cuenta de la reforma del Reglamento General de Costas, presentada interesadamente como una amenaza para los chiringuitos y los establecimientos hosteleros del litoral. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha desmentido con rotundidad esas afirmaciones y ha asegurado que la modificación no contempla el cierre de negocios ni afecta automáticamente a las concesiones existentes.
Salas ha defendido el respaldo del Ejecutivo central a los empresarios de playa después de mantener un encuentro con el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina. En la reunión participaron también integrantes del equipo de la organización empresarial y el jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.
El representante del Gobierno ha lamentado lo que considera una nueva ofensiva de desinformación del PP, basada en trasladar alarma e incertidumbre a un sector especialmente importante para la economía y el empleo de la provincia. Frente a esos mensajes, ha explicado que la reforma responde exclusivamente a la necesidad de adaptar la legislación española a la normativa europea.
La modificación pretende que las concesiones destinadas a actividades económicas se otorguen mediante procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva. Se trata de exigencias formuladas por la Comisión Europea dentro del procedimiento de infracción abierto a España.
“Tendrá que explicar el PP qué problemas tiene con la transparencia, la imparcialidad y la concurrencia competitiva para otorgar las concesiones, porque parece que esto no le gusta mucho”, ha afirmado Javier Salas.
Ni cierre de chiringuitos ni desaparición de establecimientos
El subdelegado ha rechazado de forma tajante uno de los mensajes más alarmistas difundidos en los últimos días: que la reforma provocará la desaparición de los chiringuitos o impedirá renovar las concesiones. Según ha explicado, el nuevo reglamento no prohíbe estas autorizaciones ni ordena el cierre de los establecimientos actualmente instalados en las playas.
“La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes”, ha señalado Salas.
La reforma se limita a adaptar los procedimientos administrativos aplicados a las actividades económicas desarrolladas en el dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, no establece una afección automática sobre los negocios que ya funcionan ni altera de manera inmediata las condiciones en las que prestan sus servicios.
Salas ha negado “con total rotundidad” que la modificación implique la desaparición de los chiringuitos o de los establecimientos hosteleros del litoral andaluz. De esta forma, ha desmontado una interpretación que, a juicio del Gobierno, está siendo utilizada políticamente para generar miedo entre empresarios, trabajadores y usuarios de las playas malagueñas.
La controversia se suma a otros episodios en los que asuntos relacionados con el litoral de Málaga han sido empleados para lanzar acusaciones contra el Ejecutivo central. Desde la Subdelegación consideran especialmente irresponsable utilizar un sector estratégico para la economía provincial como instrumento de confrontación política, difundiendo consecuencias que no aparecen recogidas en la reforma.
La modificación tiene carácter estatal y establece un régimen jurídico común para todo el litoral español. Su trámite de audiencia e información pública ya ha finalizado y durante ese periodo se recibieron observaciones y alegaciones de administraciones, entidades y particulares interesados.
E l cambio normativo aporta seguridad jurídica, puesto que adapta la legislación española a los requerimientos expresamente planteados por la Comisión Europea. Tampoco modifica la distribución de competencias entre las distintas administraciones.
El Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre, mantiene la responsabilidad de establecer el régimen jurídico general aplicable a ese espacio. Las comunidades autónomas continuarán interviniendo en el otorgamiento de las concesiones dentro del marco establecido, aunque deberán garantizar procedimientos transparentes, imparciales y competitivos.
El encuentro con la Federación Andaluza de Empresarios de Playas ha servido así para trasladar tranquilidad al sector y aclarar directamente el contenido de la reforma. El Gobierno insiste en que los chiringuitos no están amenazados y que las afirmaciones sobre su cierre responden a una campaña política sin respaldo en el texto normativo.
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