El archivo por parte del Juzgado de Instancia número 13 de Sevilla que adelantó este domingo ABC de Sevilla sobre la investigación por presunta prevaricación de la Junta de Andalucía en los contratos de Emergencia del SAS está provocando una oleada de reaccions políticas en su contra. Primero, el PSOE de Andalucía ha emitido un comunicado en el que han advertido que recurrirán dicha sentencia, al entender que existe el delito de prevaricación en el propio auto de archivo del juez. Posteriormente, Podemos Andalucía también ha expresado la intención de recurrir dicha sentencia y, al mismo tiempo, el candidato a la Junta de Andalucía de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su "escepticismo" por el hecho de que" se vea legal" prolongar un pronunciamiento de contratación "cuando ya no tenía la cobertura del Real Decreto Extraordinario del Covid".
Así se ha expresado en una rueda de prensa en la que el coordinador federal de IU le ve "mayor gravedad" a la afirmación que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, realizó en diciembre de 2024, en una entrevista en Cadena Ser, donde aludió a que "jueces amigos" le apuntaban al archivo de estas causas judiciales que, un año y dos meses después -al menos la de Sevilla- ha sido finalmente archivada. Así, Maíllo se pregunta si "tiene alguna relación" el sobresimiento de la causa con "amigos jueces que le decían que eso no iba a ningún lado". "No sé si este juez forma parte de esos amigos jueces que tiene Moreno Bonilla que le adelantan lo que se dice en los autos", ha expresado.
Maíllo se ha remitido en este sentido a que fuera el propio consejero de Hacienda de entonces, Juan Bravo, quien señalara en una instrucción que esos contratos ya dejaban de contar con el paraguas de la excepción que introdujo el Gobierno dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). "Independientemente de la decisión judicial esto no absuelve en términos políticos", ha proclamado en este sentido el líder de Izquierda Unida, convencido de que esta práctica ha sido "un caso de corrupción de una administración que usa y abusa de un modelo de contratación sin justificación".
"Estamos hablando de millones de euros, de más de 200 millones de euros susceptibles de que se hicieran por este procedimiento y en ese favorecimiento de empresas sobre otras sin ningún tipo de justificación", ha sostenido Maíllo sobre el hecho de fondo, que ha calificado como "una práctica muy deficiente en la gobernanza andaluza", de la que ha inferido que "es una fuente sin lugar a duda de corrupción".
La Justicia ha decidido archivar una de las causas abiertas contra el Gobierno de Moreno Bonilla relacionada con la adjudicación de contratos sanitarios. El juzgado ha determinado el sobreseimiento de esta investigación específica -que partía de denuncias del PSOE y Podemos por supuesta prevaricación y malversación en la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS)- al considerar que no existen indicios suficientes de delito en la actuación de los gerentes y exgerentes señalados.
No obstante, el cierre de esta causa no implica el fin de todos los procesos judiciales sobre la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. La investigación por posible corrupción y las irregularidades en el uso de la contratación a dedo con clínicas privadas siguen abiertas en otras instancias, manteniéndose el escrutinio sobre el sistema de adjudicaciones realizado durante y después de la pandemia.
PP celebra el archivo de la causa
El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la decisión del juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus de decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" del caso pone de manifiesto que todo fue un "invento" de las formaciones denunciantes.
En rueda de prensa, Repullo ha indicado que el juez instructor ha sido "rotundo" al decir que "no hay nada": "El archivo de este caso demuestra que no existía la corrupción en los contratos de emergencia", ha asegurado. Así, ha señalado que, como dice "el juez en el auto de archivo", los contratos de emergencia "se aprobaron para proteger a la ciudadanía", y fue un "proceso limpio, pautado, lleno de informes y de claridad, y fiel a la ley que, precisamente, había utilizado Pedro Sánchez, en plena pandemia, para agilizar la contratación pública en una situación excepcional, como fue el Covid".
Repullo ha expuesto que el juez ha "tenido acceso a toda la información y, en el auto de archivo, llega a una conclusión, que los procedimientos de contratación tenían todo el respaldo legal y, además, eran adecuados para dar respuesta a las necesidades sanitarias de los andaluces en la mayor crisis que hemos conocido".