El Consejo General Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en una reunión de urgencia celebrada este lunes dejar en manos del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, la decisión de abrir expediente al juez Juan Carlos Peinado por manifestar en una resolución judicial que los policías que sirven de escolta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, podrían ayudarla a huir de la justicia.
Una teoría que no solo sirvió para pedir la retirada del pasaporte a Gómez sino que enfureció al sindicato mayoritario de policías, que calificó de "auténtica barbaridad" la tesis del juez de que podrían ayudarla a huir. Según recogía el auto del juez, “no cabe duda” de que, en un momento determinado, los policías podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” para colaborar en una fuga. Esa afirmación encendió las alarmas en Jupol, que considera que el planteamiento supone poner bajo sospecha a servidores públicos sin base alguna.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, el sindicato ha defendido la profesionalidad de los agentes adscritos a la seguridad de Presidencia del Gobierno. Jupol subraya que estos policías cumplen exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: proteger y garantizar la seguridad de las autoridades a las que están asignados. La organización insiste en que su actuación se desarrolla con “absoluta profesionalidad, neutralidad” y siempre dentro del marco legal y de las resoluciones judiciales.
Este lunes, la Comisión Permanente del CGPJ ha debatido la propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, de actuar contra el instructor. La intención era abrir un expediente a Peinado por considerar que su actuación puede ser constitutiva de delito, según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hace referencia al "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los superiores, iguales o inferiores en el orden jerárquico, de los miembros del Ministerio Fiscal, de los abogados, procuradores, secretarios judiciales y de cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento”. Y establece que dicha conducta supone una falta grave que puede acarrear sanciones que van desde multa de 6.000 euros al traslado forzoso, suspensión de tres años o incluso la expulsión de la carrera.
Finalmente, la Comisión Permanente ha decidido remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto firmado por Peinado y que sea quien valore si las expresiones utilizadas por el juez en las que sugiere la tesis de la fuga de Gómez y facilitada por los escoltas pudieran ser "constitutivas de una falta grave de desconsideración".
Reacciones en Andalucía
Desde el ámbito político andaluz, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido que el juez Peinado sea sancionado por el CGPJ. Durante una atención a los medios en Sevilla, en la movilización por el sector logístico, Maíllo ha calificado la instrucción del caso Begoña Gómez de "aberración" y "vergüenza para la justicia española", llegando a apuntar que podrían existir "términos para acusarlo de prevaricación". Para el líder de IU, si el órgano de gobierno de los jueces no toma medidas ante este tipo de actuaciones, estará demostrando su "complicidad con gente que no merece ser juez".
Respecto a las sospechas vertidas por el magistrado sobre los escoltas policiales, el portavoz de Por Andalucía las ha enmarcado en el "delirio de la instrucción" y ha considerado lógica la indignación del colectivo policial frente a lo que supone un ataque directo a su profesionalidad. En este sentido, ha reprochado el silencio de formaciones como PP y Vox, acusándolas de inhibirse en la defensa de las fuerzas de seguridad cuando les conviene políticamente.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la decisión del juez de enviar la causa a un jurado popular, Maíllo ha defendido el estricto cumplimiento de los procedimientos legales, subrayando que dicho órgano deberá estar conformado por personas sin condicionamientos subjetivos. No obstante, ha advertido que los niveles de "incompetencia" demostrados a lo largo de esta instrucción judicial podrían derivar en la propia nulidad de todo el procedimiento.
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