El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado este lunes la "inoperancia" y la forma de actuar del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ante el escándalo que rodea al ex consejero delegado de Andalucía Digital Multimedia (ADM), la principal productora proveedora de contenidos de Canal Sur Televisión,, imputado por presuntos delitos de agresión y acoso sexual. Maíllo ha acusado al Ejecutivo autonómico de dedicarse a "proteger a un presunto acosador sexual antes que a las víctimas" tras conocerse que una jueza ha abierto una segunda causa contra el exdirectivo por supuestas amenazas y coacciones a la testigo clave del procedimiento penal.
En declaraciones a los medios, el dirigente político se ha referido de este modo a la información publicada por elDiario.es Andalucía, que revela que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha incoado diligencias previas contra el ex CEO de ADM, Gustavo Fuentes. La investigación se centra en el presunto envío de un mensaje con contenido amenazante a su ex número dos en la empresa el mismo día que esta debía declarar como testigo fundamental contra él ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.
A ello se suma, según detalla la investigación de eldiario.es, que el ex alto cargo de la productora audiovisual habría tenido conocimiento previo de la denuncia interpuesta en su contra gracias a la llamada de aviso de un alto cargo del Gobierno andaluz, lo que le habría permitido articular con antelación su estrategia de defensa antes de que la denuncia fuera notificada formalmente por la vía judicial.
"Inoperancia" y "protección al presunto acosador"
Ante la gravedad de estas revelaciones, Antonio Maíllo ha advertido sobre lo que considera "una forma habitual de actuar en política por parte de Moreno Bonilla", caracterizada por la inacción institucional ante casos de extrema gravedad. "Quería advertir sobre la inoperancia, una vez más, que es una forma de actuar en política de Moreno Bonilla con respecto al escándalo del antiguo CEO de la productora principal, proveedora de contenido de Canal Sur, ADM, por acoso sexual", ha arrancado el portavoz.
Maíllo ha subrayado que, tras salir a la luz las supuestas coacciones a la testigo clave y el soplo institucional recibido por el investigado, el Gobierno andaluz queda en una posición comprometida: "El Gobierno de Andalucía se ha dedicado a proteger a un presunto acosador sexual, a una persona que está sometida a una denuncia de acoso sexual, antes que a las víctimas", ha denunciado con contundencia.
Por todo ello, el líder parlamentario ha instado al presidente de la Junta a asumir responsabilidades públicas y aclarar los extremos de esta supuesta filtración. "Hay que preguntarle a Moreno Bonilla qué alto cargo avisó de esa denuncia al CEO, por qué lo hizo y cómo es que no se han tomado medidas en un gobierno que es el propietario del 47,8% de las acciones de esa productora", ha reclamado. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico cuenta con una intervención decisiva a la hora de elegir a las personas que asumen la máxima responsabilidad ejecutiva en la compañía y que, sin embargo, ha preferido "mirar para otro lado ante un caso tan grave".
En la misma línea, Maíllo ha afeado al titular de la Junta su estrategia recurrente de "no dar la cara" durante los momentos de crisis política o institucional en la comunidad. "Le exigimos a Moreno Bonilla que dé la cara, que nunca la da en los casos claves. Aquí no hay crisis de cribado de cáncer, aquí no hay crisis de atención y tardanza en la evacuación de los incendios, aquí no ha pasado nada con una denuncia de un CEO de presunto acoso sexual a una trabajadora, de violación de secreto por un alto cargo de una denuncia que se había producido, de falta de atención a la víctima; queremos saber la verdad y que Moreno Bonilla no se esconda como siempre hace", ha sentenciado.
Una segunda causa por coacciones y obstrucción a la justicia
La reacción del portavoz de Por Andalucía llega tras la publicación de los últimos avances judiciales sobre el entorno de la productora semipública ADM. Según detalla elDiario.es, la jueza María Elena Contreras, al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, ha incoado diligencias al apreciar indicios de un presunto delito contra la administración de justicia y obstrucción a la justicia, derivado de amenazas y coacciones contra una testigo en un procedimiento penal.
Los hechos se remontan al pasado 11 de mayo, fecha en la que el investigado y su ex número dos estaban citados en el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Mientras la comparecencia fue aplazada en el último momento por un cambio de letrado del imputado, la testigo recibió esa misma tarde, desde la cuenta personal de Instagram de su exjefe, la notificación de un vídeo con expresiones amenazantes como "el sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca". La afectada acudió de inmediato a la Comisaría de Policía Nacional para denunciar el temor a ser represaliada por su testimonio.
Por su parte, el procedimiento principal instruido por el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla mantiene formalmente imputado a Gustavo Fuentes por presuntos delitos de agresión y acoso sexual continuado a una reportera de la productora. La demanda incluye 175 páginas de mensajes de WhatsApp de índole sexual y siete declaraciones juradas de empleados y expatronos que corroboran las situaciones de acoso en el seno de la entidad.
Pese a que la investigación judicial arrancó en febrero y el directivo figuraba como imputado desde marzo, su cese en ADM no se formalizó hasta el pasado 10 de junio, horas después de que los medios de comunicación sacaran a la luz su imputación penal. Hasta esa fecha, Fuentes ejercía un papel preponderante en el sector audiovisual andaluz, respaldado institucionalmente por la cúpula de la administración regional.
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