Al fin llegó la cita judicial. Llegó, sí, pero lo hizo nada menos que con ¡nueve años de retraso! El juicio comenzó ayer el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz y continuará la semana que viene. La acusación contra una perrera de Puerto Real es por haber sacrificado supuestamente a los animales recogidos de manera "indiscriminada" con un relajante muscular, estipulado para uso humano y no para el sacrificio animal, llamado Mioflex, lo que les ocasionaba una muerte "lenta y agónica" por asfixia.
La organización proteccionista El Refugio solicita una condena de un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de maltrato animal para el dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real. La defensa pide su libre absolución, aunque para el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero, la celebración del juicio mismo ya "es un paso adelante en la protección animal y esperamos una buena condena".
Una denuncia de hace nueve años
Todo empezó en 2007. Tras recibir numerosos avisos y hacer las comprobaciones oportunas, El Refugio denunció los hechos al Seprona de la Guyardia Civil, se inició el proceso penal y se consiguió que “por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales",
La versión de lo sucedido que da Paunero es escalofriante: "Recogían animales de toda la provincia y eran sacrificados de una forma terrible, con un paralizante con el que morían asfixiados, una muerte agónica y terrorífica".
En su momento, el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de la instrucción del caso y concluyó, provisionalmente, que el dueño y la directora "conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real", e incluso pudieron haber dado “instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes".
El veterinario se defiende
En la vista oral celebrada ayer, la versión del veterinario fue muy distinta. Defendió que el protocolo que llevaba a cabo en las eutanasias animales era el adecuado y resultaba “indoloro”: cuando le inyectaba –declaró– el Mioflex, el animal "estaba clínicamente vivo pero inconsciente y próximo a la muerte. Era cuestión de 15 ó 20 segundos que falleciera".
También negó que los responsables de la perrera le ordenaran hacer los sacrificios con Mioflex con objeto de abaratar costes a la empresa. Su práctica clínica, aseguró, era por “una cuestión metodológica, no económica”. El trato al animal “fue bueno y nunca hubo ensañamiento" porque jamás inyectó el Mioflex de forma aislada, sino junto con otros anestésicos y sedantes.
La opinión de la fiscal es, sin embargo, muy distinta. Entiende el Ministerio Público que el Mioflex es paralizante muscular barato y muy poderoso que provoca en los animales un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que, después del pinchazo, los ejemplares agonizaban hasta su muerte por ahogamiento en plena consciencia.