El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Función Pública para su remisión al Parlamento con el objetivo de que la norma, que "dotará a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una regulación de la Administración del siglo XXI", sea aprobada en los próximos meses. El texto sustituirá a la actual ley, que data de 1985. Según ha destacado el consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto, “no es una ley del Gobierno ni de un sindicato y nace del consenso".
Como ha explicado el consejero y se recoge en la web institucional de la Junta, para atraer y retener el talento profesional a la Función Pública, la norma incluye una de las demandas históricas de los funcionarios: la carrera profesional. El personal funcionario de carrera e interino (el personal laboral tiene regulado los procedimientos en los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores) tendrá oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo gracias a la percepción de este nuevo concepto retributivo. Para ello se va a establecer un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos al ser evaluados.
La evaluación del desempeño del personal de la Administración es uno de los aspectos novedosos de la Ley, que prevé un procedimiento de evaluación transparente, objetivo, fiable e imparcial. El objetivo es incentivar y reconocer el trabajo productivo teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación.
Una evaluación positiva conllevará complementos retributivos por desempeño (que se sumarán a los correspondientes de carrera profesional, nivel competencial y puesto). En el caso de la evaluación negativa, se deberá llevar a cabo un programa de formación específica. En caso de que se repita de forma consecutiva, limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de forma reglamentaria. Por primera vez se recoge en una norma autonómica andaluza el régimen disciplinario de la función pública, lo que da seguridad jurídica al darle rango de Ley.
El Anteproyecto de Ley de Función Pública también pretende adecuar el tipo de prueba a superar con el desempeño de las funciones a desarrollar en los puestos de trabajo convocados. Asimismo, se establecen procedimientos que permitan agilizar la provisión de puestos, como por ejemplo una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.
El Anteproyecto de Ley, que ha sido elaborado y consensuado con los sindicatos de la Administración pública andaluza y cuenta con todos los informes preceptivos favorables, apuesta por reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo.
Entre las principales novedades que recoge respecto a la legislación anterior destaca en primer lugar que la potestad de modificar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la Administración de la Junta de Andalucía recae sobre el titular de Función Pública en lugar de en el Consejo de Gobierno como hasta ahora.
La futura norma también recoge las funciones que corresponden a las diferentes tipologías de empleados públicos (funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual), así como las potestades públicas que serán desempeñadas de forma exclusiva por el personal funcionario. Otra de las novedades importantes es la regulación de la dirección pública profesional de forma que se establece un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y atendiendo a los principios de capacidad, conocimiento y competencia, para lo que se creará una comisión independiente, y un régimen jurídico y retributivo con una parte variable en función de objetivos marcados en los acuerdos de gestión, cuya evaluación también determinará la continuidad en el puesto.
El directivo público profesional también asumirá obligaciones éticas y de formación. El objetivo es ser más transparente en la selección y facilitar elegir a los mejores para ocupar puestos directivos en aras de una gestión eficaz y eficiente.
Uno de los aspectos que es necesario regular en la Administración Pública andaluza es el teletrabajo, sobre todo tras la pandemia del COVID. Con esta Ley, se incorpora la posibilidad de teletrabajar, cuando el puesto lo permita, reconociendo además la necesaria desconexión digital. Todo ello como parte de las medias para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre los empleados públicos. Otro aspecto importante, que no estaba regulado en la anterior Ley, es la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.
