Jarro de agua fría hoy en la Audiencia de Sevilla para buena parte de los acusados que se sientan en el banquillo. La testigo, de indiscutible competencia técnica, que ha declarado este lunes en la vista oral ha trazado un panorama administrativo sobre la concesión de las ayudas que deja en bastante mal lugar no ya a los reponsables políticos de la Consejería de Empleo, que sin duda, sino a la propia maquinaria de fiscalización y control de legalidad de la Junta de Andalucía.
"Un procedimiento anormal"
La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, que coordinó la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE encargada por la Junta tras estallar el escándalo judicial, ha descrito hoy una situación de "anarquía" en los expedientes de las mismas, con "muchas anomalías" y un "procedimiento anormal".
Mendoza, con casi tres décadas de experiencia profesional como auditora, ha declarado hoy como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta. Tras saltar el caso, el Consejo de Gobierno encargó en 2011 a la Cámara de Cuentas una revisión de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo desde 2001 y 2011 y, según Mendoza, analizaron una muestra de 102 expedientes remitidos por la Consejería de Empleo en los que sólo en seis había solicitud, en 46 había algún tipo de protocolo o acuerdo para la concesión y en 40 no existía ninguna documentación, informa Efe.
Ningún marco legal
Mendoza ha explicado que analizaron las ayudas como subvenciones excepcionales ya que no había norma reguladora, aunque ha considerado que "tenían que haber sido objeto de una regulación específica", pues durante diez años se dieron "ayudas reiteradas y permanentes con la misma fórmula", sin que se apreciara la "urgencia" que las justificara.
Analizadas como ayudas excepcionales "pedimos lo mínimo", que hubiese solicitud, memoria justificativa y seguimiento de que se emplearon para el fin para el que se dieron, si bien "no respondían absolutamente a ningún criterio, sino que cada expediente era distinto” y el procedimiento era "tan anormal que era todo confuso".
A preguntas del Ministerio Fiscal sobre si las ayudas se amparaban en las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 de ayudas previas a la jubilación y excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresa, Mendoza ha dicho que "no había referencia alguna en los expedientes a estas órdenes", y de hecho "no aparecía vinculación a marco legal" de ningún tipo.