Ávila ha precisado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sólo el 3,7 por ciento de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010 y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un 'ERE' en dicho periodo.
“Proceso dinámico”
El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico".
Denuncia la “injusta criminalización”
Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y, a veces partidista", se ha hecho de los 'ERE'.
La “chapuza”
A preguntas de la diputada de IU, Alba Doblas, sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido". Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.
La “falta” de control
No ha ofrecido, sin embargo, datos cuando Doblas le ha preguntado por cómo se incluyeron intrusos en los 'ERE' o sobre la "falta" de control en la concesión de ayudas a empresas "fantasmas", aunque sí ha admitido que "había que haber hecho un seguimiento y evaluarlo".
“Meras pagadoras”
Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar". Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General si eso es discrecionalidad, pues la hubo".
“No entraba en la lógica”
Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".
Competencias y atribuciones
Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas.
“Proceso dinámico”
El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico".
Denuncia la “injusta criminalización”
Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y, a veces partidista", se ha hecho de los 'ERE'.
La “chapuza”
A preguntas de la diputada de IU, Alba Doblas, sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido". Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.
La “falta” de control
No ha ofrecido, sin embargo, datos cuando Doblas le ha preguntado por cómo se incluyeron intrusos en los 'ERE' o sobre la "falta" de control en la concesión de ayudas a empresas "fantasmas", aunque sí ha admitido que "había que haber hecho un seguimiento y evaluarlo".
“Meras pagadoras”
Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar". Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General si eso es discrecionalidad, pues la hubo".
“No entraba en la lógica”
Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".
Competencias y atribuciones
Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas.