El celo de los investigadores del caso ERE para obtener los resultados que esperaba la juez instructora Mercedes Alaya pudo llevarlos en alguna ocasión a sobrepasar los límites de lo policialmente correcto. Es al menos la impresión que ha trasladado hoy uno de los testigos del caso de los ERE.

Aunque ha ratificado la declaración que hizo como testigo en julio de 2012 ante la Guardia Civil, el exinterventor de la Consejería de Empleo Carlos González Laguillo ha revelado hoy ante el tribunal de los ERE que el interrogatorio de la UCO fue "un poco tenso y dialécticamente violento, con cierta presión" en la que sentía que le preguntaban más como "investigado" que como testigo.


Todo dentro de la ley

A preguntas de la Fiscalía, el funcionario ha ratificado que ante la Guardia Civil declaró que tras los reparos de la intervención delegada a las ayudas a Hijos de Andrés Molina en el año 1999 "se implantó un sistema para evitar nuevos reparos y eludir la fiscalización previa". No obstante, sobre el uso del término "menoscabo" durante su interrogatorio, González Laguillo ha precisado que entonces hacía referencia a "un mal uso de los créditos", no a menoscabo propiamente.

También ha subrayado que siempre entendió que todo estaba dentro del ámbito de legalidad. "Le puedo asegurar que en aquel momento, en absoluto" se podía imaginar que las cosas se hacían un contexto de ilegalidad.

Interventores, no policías

González Laguillo ha declarado hoy como testigo -en la pieza política del caso ERE- que su función fiscalizadora está reglamentada y "el interventor delegado no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no podemos pretender ser salvadores del mundo".


A preguntas del fiscal y de varias defensas, el testigo -que fue interventor delegado de la Consejería de Empleo entre 2001 y 2003- ha asegurado que su misión fiscalizadora se limitaba a controlar el traspaso de fondos de Empleo (que concedía las ayudas) al ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación pero no para qué se destinaban, informa Efe.


El destino de los fondos

No había fiscalización previa sino una mera contabilización en la que simplemente comprobaba que el órgano que emitía la transferencia de financiación era el competente y que conllevaba un calendario de pago, si bien el seguimiento del destino que se daba a esos fondos correspondía al interventor encargado del Control Financiero Permanente del ente que los recibía, en este caso IFA.


Una de las presuntas irregularidades que se investigan en este caso es el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación ya que se trata de un instrumento financiero que se usa para que las consejerías hagan llegar fondos a los entes instrumentales para sus actividades propias, si bien en este caso se pagaban ayudas que concedía Empleo.


Controles deficientes

Sin embargo, González Laguillo ha señalado que ello era desconocido en la Intervención de la Consejería de Empleo porque su función está reglamentada y en este caso terminaba en comprobar que el dinero salía de Empleo e iba al IFA.
"Yo en lo que se lo gasta el IFA lo desconozco ni tengo que verlo. No me corresponde hacerle el seguimiento", ha alegado, insistiendo que "si alguien le dice a IFA paga esto e IFA lo paga, la consejería no tiene ni idea".


Y es que el testigo ha subrayado que su función se limitaba a comprobar que se cumplían los requisitos formales de las transferencias de financiación.


El convenio no publicado

El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández le ha preguntado entonces si el interventor debía ponerse "una especie de venda en los ojos", a lo que ha contestado que "no tiene que ir más allá de lo que reglamentariamente se le indica que debe hacer".


González Laguillo ha dicho desconocer el convenio marco de 2001 suscrito entre Empleo e IFA para pagar las ayudas a través de este ente público porque "no se ha publicado debidamente" y tampoco conocer muchos detalles del programa de ayudas, si bien ha dicho que "en aquel momento en absoluto" se podía vislumbrar en la Consejería de Empleo situación alguna de ilegalidad o anormalidad.