La comisión de formación aún no sabe si la ministra Báñez acudirá a la citación de hoy en el Parlamento

¿Acudirá o no acudirá Fátima Báñez? Lo más probable es que no lo haga, pero el Parlamento andaluz, a solo unas horas de la cita, no lo sabe a ciencia cierta. Las comparecencias de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad, se retoman este lunes, jornada en la que, entre otros, está citada, a las 18,00 horas, la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez.La Delegación del Gobierno en Andalucía sorprendía este domingo por la tarde con un comunicado según el cual el Consejo de Estado ha emitido un informe, a petición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que "rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas", y "advierte que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Báñez por falta de competencia".La Delegación que dirige Antonio Sanz glosaba en su nota de prensa el dictamen del Consejo de Estado, con número 193/2006, pero no lo facilitaba en su integridad ni revelaba en qué fecha lo emitió la institución ni tampoco en qué fecha fue el mismo solicitado por al titular de Empleo.OTROS MINISTROS TAMPOCO ACUDIERONLa de Báñez no sería la primera vez que altos cargos de la Administración central ignoran la llamada de un Parlamento autonómico para dar explicaciones. El año pasado se negaron a comparecer en el Parlamento catalán siete altos cargos del Gobierno, entre ellos el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no acudieron finalmente a la comisión que investigaba el fraude fiscal y la corrupción durante los gobiernos de Jordi Pujol.Tampoco en 2014 comparecieron miembros del Gobierno en la comisión del Parlament que investigó las irregularidades en las cajas de ahorro catalanas. Entonces declinaron su presencia para dar explicaciones tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como sus antecesores socialistas Elena Salgado y Pedro Solbes.En el caso de Cristóbal Montoro, este "comunicó en tres ocasiones al Parlamento de Cataluña que no atendería a las reiteradas convocatorias a comparecer ante el Parlamento de Cataluña, reflejando los motivos para no comparecer", según informó el Gobierno el 7 de julio de 2015. Las notificaciones al Parlament se produjeron el 27 de marzo y el 22 de junio de 2015 por carta y un correo electrónico a Laia Grau Figueras, del área de comisiones y ponencias del departamento de gestión parlamentaria de Cataluña. La ministra Báñez, en cambio, no ha comunicado al Parlamento andaluz cuáles son sus intenciones, y de hecho la Cámara no sabe si la titular de Empleo acudirá esta tarde a su cita.ASESOR Y NO VINCULANTEPese a dicho informe, fuentes de la presidencia de la comisión de investigación han trasladado a Europa Press que esperan este lunes a la ministra "a la hora que estaba citada" para comparecer, al entender que dicho dictamen del Consejo de Estado "pertenece a un órgano asesor y no es ni mucho menos vinculante", así como que "el Parlamento de Andalucía es perfectamente competente para citar a la ministra y a quien estime oportuno que pueda arrojar luz a la comisión".Por lo demás, según consta en la agenda de la comisión, consultada por Europa Press, en la jornada de este lunes está previsto que comparezcan en el turno de mañana los exdirectores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio González Marín y Antonio Toro Barba, concretamente a las 10,00 y a las 12,00 horas, respectivamente.Tras las comparecencias de esta semana, la comisión de investigación encara la recta final de esta primera ronda de comparecientes --los grupos podrán pedir una segunda ronda si así lo ven oportuno merced del plan de trabajo aprobado por el órgano-- pues la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se acordó que fuera la última en asistir, está previsto que lo haga el 31 del mismo mes. La presidenta comparecerá en la comisión de investigación a las 18,00 horas del último día del mes, mientras que sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo harán un día antes, a las 16,00 y a las 19,00 horas, respectivamente.VULNERAR EL SISTEMA CONSTITUCIONALSegún el dictamen del Consejo de Estado, esa presencia de Fátima Báñez "vulneraría el sistema constitucional de distribución de competencias", según informaba la Delegación del Gobierno en Andalucía en esa nota en la que detalla que, en su dictamen número 193/2006, que "recoge una doctrina consolidada desde 1986, el Consejo de Estado afirma que el Parlamento andaluz es incompetente para requerir la presencia de un ministro tanto por razón del sujeto como del objeto de la comparecencia".Así, en cuanto a la "falta de competencia por razón del sujeto", el informe recuerda que "el control del Gobierno de la Nación corresponde a las Cortes Generales, tal y como recoge el artículo 108 de la Constitución Española, al prever que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados".UNA VALORACIÓN POLÍTICAEn su dictamen, Siempre según la Delegación del Gobierno, el Consejo de Estado establece que los Parlamentos autonómicos "carecen de competencias de control político sobre el Gobierno de la Nación o las autoridades, funcionarios, y cualesquiera otra personas a su servicio", ya que, según señala el artículo 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, "los actos y omisiones del Gobierno de la Nación, del que la ministra de Empleo y Seguridad forma parte, están sometidos al control político de las Cortes Generales, y no, en cambio al de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas".Por otra parte, "tras constatar falta de competencia del Parlamento de Andalucía para requerir la comparecencia de la ministra, el Consejo de Estado, considera que es preciso destacar que, aun cuando el periodo investigado se extiende --a lo largo de 14 años-- "desde 2002 hasta la actualidad", se incluye en la lista de comparecientes a quien ha venido ostentando esta magistratura durante los últimos cuatro años pero no, sin embargo, a quienes ocuparon dicha cartera durante la década precedente, ni tampoco a otros órganos superiores o directivos de dicho ministerio". Esta última apreciación resulta chocante en un dictamen del Consejo de Estado, dado que implícitamente contiene un reproche político al Parlamento andaluz ajenos a las  consideraciones estrictamente jurídicas que son el objeto del informe."FALTA DE COMPETENCIA POR RAZÓN DEL OBJETO"Por otra parte, el dictamen establece que "los asuntos de interés público que pueden ser objeto de tales comisiones han de estar necesariamente comprendidos dentro del ámbito competencial propio de la comunidad autónoma"."En el asunto sometido a consulta, el ámbito de actuación de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía, se encuentra circunscrito a la fiscalización de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo", añade el dictamen reseñado por el Gobierno.De esta manera, se detalla que "el ámbito autonómico al que se ciñeron tales subvenciones y el carácter también autonómico de los órganos que las otorgaron, unido a las distribución constitucional de competencias existente en la materia, son datos que conducen a pensar que la Administración del Estado se mantuvo --en principio y en ausencia de evidencias que pudieran indicar otra cosa-- al margen del proceso de concesión de las ayudas en cuestión".UNA DOCTRINA "CONSOLIDADA"Desde el Gobierno señalan que el Consejo de Estado recoge en su dictamen "una doctrina consolidada que se remonta a 1986, con la solicitud de comparecencia de los directores de los Medios de Comunicación del Estado en el Parlamento de Canarias"."Esta doctrina se ha venido aplicando desde entonces a más de media decena de casos que engloban desde la Comisión de Investigación del Prestige, constituida por el Parlamento de Galicia; la solicitud de comparecencia del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante las Cortes valencianas; los requerimientos de comparecencia dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en la Comisión sobre Caja de Ahorros del Mediterráneo en las Cortes valencianas; o la solicitud de comparecencia al Gobierno y el ex gobernador del Banco de España en el Parlamento de Extremadura".Asimismo, esta doctrina está "refrendada por múltiples informes de la Abogacía del Estado en relación con las solicitudes de comparecencias de altos cargos de la Administración General del Estado en distintos parlamentos autonómicos", según concluye la Delegación del Gobierno.'ESTÁ OBLIGADA'El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha subrayado este domingo que la ministra "está obligada a comparecer". Podemos Andalucía considera "una falta de respeto y una burla a Andalucía" dicho informe del Consejo de Estado, y remarca que la ministra "está obligada a comparecer, ya que no se trata de una comisión de control al Gobierno, si no de una comisión de investigación, ante la que cualquier persona está obligada a comparecer si no quiere incurrir en las responsabilidades recogidas en el artículo 502 del Código Penal".