Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha revisado este miércoles la impugnación de una sanción de 301 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno al dirigente de IU-CA Francisco Ignacio Ruiz González, por celebrar una asamblea y concentración de protesta en La Rinconada el 14 de marzo de 2014, pese a que se le habría denegado la autorización para el acto al no haber sido comunicado con la antelación estipulada. La concentración era para reclamar al Ayuntamiento de la localidad que abriera una bolsa de empleo con criterios de igualdad de oportunidades.En un comunicado, IU explica que en el atestado que levantaron los agentes de la Guardia Civil se resaltaba que el colectivo de trabajadores convocantes “se dirigieron a los asistentes comentando los problemas existentes con el desempleo, la vivienda y el incumplimiento de los convenios del campo”, según consta en el recurso contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.Para hablar de estos problemas, según consta también en el informe que redactan los agentes, las personas reunidas en esta asamblea “ocuparon parte de una pequeña plaza, sin cortar ni obstaculizar la circulación de vehículos ni de personas, y comportándose en todo momento de forma pacífica y educada”.A pesar de esta información que facilita la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno decide finalmente abrir un expediente administrativo e imponer una sanción económica de 301 euros a Francisco Ignacio Ruiz González, por ejercer de portavoz del colectivo de trabajadores y comunicar, según marca la legislación, la hora y lugar de la celebración de la asamblea.Por todo ello, y agotada la vía administrativa, este martes se celebra el juicio, por la vía contencioso-administrativa, en la que la abogada del denunciado pedirá la total la retirada de la sanción económica, ya que, asegura, “responde a la política represiva con la protesta social que coarta derechos fundamentales tales como la libertad de reunión”.Igualmente, la abogada argumentará a favor de que la Subdelegación del Gobierno pague las costas del juicio por pretender “impedir, perturbar y menoscabar” los derechos fundamentales del denunciado.La vista se ha celebrado este miércoles en los juzgados de Viapol de la capital andaluza. En solidaridad con el denunciado, asistieron dirigentes y ediles de Izquierda Unida de la provincia, entre ellos los concejales de la coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González y Eva Oliva.
