La sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes, a partir de las 10,00 horas, el juicio contra el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP) por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Junto a él serán juzgados también el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, y A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de una empresa. Para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros. A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. UN PATRIMONIO DE 60 MILLONES

Fue en abril de 2008 cuando la Guardia Civil detenía a cuatro personas, entre ellos a Orta y a Pino, acusados de un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales. La detención se produjo por orden de la Fiscalía de Huelva después de que Rafael Barroso, un promotor inmobiliario exmilitante del PP, denunciara en Anticorrupción, en mayo de 2007, a ambos por engordar su patrimonio personal durante 12 y 8 años de gobierno municipal, cada uno, mediante el cobro de comisiones ilegales.

Orta calificó entonces de “falsas” las acusaciones, y se querelló contra el empresario. Barroso llegó a afirmar que tanto el primer edil como el concejal recibían dinero a cambio de conceder licencias de obras y autorizar convenios urbanísticos en Aljaraque, uno de los municipios metropolitanos de mayor proyección y explotación urbanística en los últimos años. Según Barroso, entre ambos podrían poseer un patrimonio de 60 millones. UNA MORDIDA DE 300.000 EUROS El propio denunciante aseguraba haber sido objeto de “chantaje” tras ser presionado para que abonara 300.000 euros a cambio de una licencia. En su denuncia Barroso detallaba una relación de bienes que atribuía a Orta y Pino, que presuntamente habrían invertido en “bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión y participaciones en sociedades…” y “para la compra de artículos y bienes de lujo como vehículos, viajes, ocio, joyas…”. Cabe recordar que Casto Pino, exgerente y secretario del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva además de concejal de Urbanismo en las fechas citadas, también está imputado por otra causa en relación a un desfalco de más de un millón de euros en la citada institución, en la que también están relacionados su esposa, el decano de la misma, el tesorero y el interventor.