Este miércoles se debatió en el Parlamento de Andalucía la nueva Ley de Vivienda del Gobierno andaluz que se presentó el pasado septiembre, lo que inauguró -oficiosamente- el inicio de la precampaña andaluza y marcó el inicio de los distintos anuncios electorales, en forma de rebajas fiscales, y que se vio interrumpido por el escándalo en el cribado de cáncer de mama.
Moreno Bonilla presentó una Ley, y su grupo la defendió ayer, que viene a “solucionar el problema de la vivienda”, centra sus propuestas en una mayor construcción de vivienda, implementando la colaboración público-privada, movilizar suelo y simplificar trámites administrativos. La Ley, además, se presenta con una ambiciosa oferta de construcción de VPO, hasta 40.000, aunque en los primeros cinco años serán tan solo 20.000 y luego ya se llegará a la primera cifra.
Como no puede ser de otra manera, son muchas las voces críticas con esta ley y alguno de sus principales puntos que, si bien, todos están de acuerdo en que empieza a abordar ciertos debates positivo, ni las Juventudes Socialistas de Andalucía, ni Arraigo ni el Sindicato de Inquilinas acepta las propuestas formuladas por el Gobierno andaluz y, añaden: “No solo no soluciona los problemas, sino que los agrava”.
Juventud andaluza
“Insuficiente” es la palabra más repetida de los portavoces de estos tres colectivos. “Insuficiente y en la línea de todas las políticas de juventud de Moreno Bonilla”, agrega Lázaro Martínez, secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía: “Ponerse de perfil ante las distintas problemáticas de las y los jóvenes andaluces”. Una ley que solo propone “suelo y construcción” y “pone en duda” una protección “real y efectiva a las viviendas que se oferten, lo que, sin duda, incidirá en una peligrosa especulación sobre la vivienda”.
Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, resume el principal problema de la Ley: “Sigue con esta idea de que lo que hay que hacer es construir más, y cuanto más se construya más bajarán los precios. Y ahora mismo no tiene mucho sentido”, agrega. El motivo es que vivimos en un mercado de la vivienda y del suelo “muy especulativo”, donde se “compra pensando en los incrementos futuros del precio del suelo y de la vivienda”. Se utiliza como “inversión y no como su función residencial”, algo que la ley “ignora completamente”.
El portavoz de jóvenes andalucistas de Adelante Andalucía, Arraigo, Jorge Ávila, define esta ley como un “canto de sirena”, y más allá de las críticas a la “facilitación” de mayor construcción de viviendas, esta premisa entra rápidamente en contradicción cuando se ejemplifica sobre la realidad, como las VPO de la Cruz del Campo en Sevilla, tal y como ha indicado Ávila, cuyos precios no se “traducen en vivienda asequible”, para la población.
Ávila ha hecho hincapié en que el problema de la vivienda, desde el punto de vista de los jóvenes, ha de ser abordado desde un punto de vista más general, con contexto. Así, ha señalado que la juventud vive inmersa en la “precariedad, con salarios bajos, inestabilidad laboral. Yo mismo he estado dos años buscando para encontrar piso y vivo al límite, destinando más de la mitad de mi salario a los costes que tienen que ver solamente con la vivienda, y esto es criminal”.
Ávila apunta hacia un problema que se ha señalado desde los colectivos juveniles en diversas ocasiones, el aprovechamiento de muchos caseros del mercado de la vivienda, tal y como apuntaba anteriormente Díaz. El andalucista explica el funcionamiento: “En cuanto sale un piso que más o menos está dentro de los límites lógicos o lo sobrepasa por poco, vuela, porque lo que reciben es una cantidad de ofertas y de llamadas que significa que tienen inquilinos de sobra, aunque muchos carezcan de servicios básicos dentro de la vivienda”.
Vivienda digna
De esa vivienda “indigna” a un “precio desorbitado” hace Martínez una crítica principal a esta ley, que cede ante un “mercado que campa a sus anchas, absolutamente inflado y que arrastra a toda la oferta a ofrecer vivienda indigna a un precio desorbitado”. No obstante, el secretario general de los jóvenes socialistas también apunta hacia el turismo “descabalgado” que hace que los grandes núcleos queden “vacíos de aquellas personas que han vivido ahí siempre”, por culpa de destinar las viviendas a alquileres turísticos o bloques a apartamentos turísticos.
Para solucionarlo, la “intervención es necesaria y eficaz”, añade el socialista. Y para ello se refiera a Cataluña, donde se han declarado zonas tensionadas y ha habido una rebaja del precio en un 3,7%. “Sabemos que queda mucho por hacer, pero esto nos marca el camino”, advierte.
Díaz también apoya la “intervención del mercado”, porque su carácter es “muy especulativo”. “Gracias a las viviendas turísticas que hay en Andalucía, aparte de la vivienda como bien de inversión, que es el verdadero núcleo del problema”, advierte. Siendo así, el Gobierno andaluz debería “intervenir el mercado creando un parque público de vivienda en alquiler que se mantuviera con carácter público”. “No se puede seguir construyendo vivienda para rentas altas y para que se liberalicen luego los suelos y especulen con ellos al cabo del tiempo”.
Esto lo explica Díaz en relación a los plazos que establece la Ley para, por ejemplo, las viviendas de protección oficial, que pueden salir al mercado libre entre los 7 y 10 años, con excepción de las construidas en suelo dotacional, cuya protección será indefinida.
Sobre la protección de las viviendas Martínez lo tiene claro. En primer lugar, “necesitamos equipararnos con la media europea en parque público y que haya una gran oferta de vivienda protegida, pero protegida de verdad. Pero además, necesitamos que los gobiernos autonómicos del PP abandonen la batalla política por la que no les da la gana aplicar la Ley de Vivienda Estatal. Al final, competencialmente, las autonomías mandan en este asunto, por lo que si su implicación no es real, la juventud seguirá sufriendo el problema de la vivienda”.
Viviendas vacías
Otro problema que implica que el mercado del alquiler esté tan tensionado en Andalucía son las hasta 600.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión, que provocan una reducción de la oferta. Un problema que para Ávila es fundamental, porque la ley “facilita los trámites para las constructoras privadas, facilitándose una gran cantidad de suelo público para construir viviendas que serán de uso vacacional o turístico”.
Por tanto, si queremos que el “mercado se dinamice”, explica el portavoz de las Inquilinas, tenemos que “meter esas viviendas vacías en el mercado, penalizando la vivienda vacía y prohibiendo la vivienda turística”.
En general, el análisis de los tres colectivos andaluces es claro, una ley “especulativa”, hecha por “promotores” y que no “da solución” a las clases más “vulnerables de Andalucía”, que quedan “desprotegidas” ante esta ley.
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