El conflicto institucional entre el Ejecutivo andaluz y el Gobierno central por la vivienda vivió ayer un nuevo capítulo, aunque con una narrativa similar a los experimentados en otras ocasiones. La decisión de la consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que encabeza Rocío Díaz, de acudir nuevamente al Tribunal Constitucional contra los decretos ley de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso ha provocado la reacción de los grupos de la izquierda en la cámara autonómica, que interpretan este movimiento como una estrategia de bloqueo sistemático a la protección social. Por otro lado, desde el Gobierno andaluz sostienen que las normas promovidas desde Moncloa invaden las competencias de la comunidad y chocan contra el derecho a la propiedad privada.
No se trata de un choque aislado, sino del tercer litigio por competencias de vivienda que abre el Ejecutivo de Moreno contra el Gobierno central en los últimos tres años. Tras los recursos presentados anteriormente contra la Ley Estatal de Vivienda y las discrepancias formalizadas sobre las condiciones del Plan Estatal de Vivienda, este nuevo paso jurídico consolida la confrontación directa sobre quién y cómo se debe regular el sector inmobiliario en la comunidad, pese a que las comunidades autónomas del PP descargan toda la responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre la inacción autonómica y el freno a las medidas estatales
La decisión de acudir a los tribunales ha generado un profundo rechazo en el PSOE de Andalucía y Por Andalucía. Desde este último espacio político advierten de que la Junta pretende frenar cualquier avance regulatorio mientras el problema en las calles continúa agravándose. Plantean que la administración autonómica rechaza asumir su propia responsabilidad pero al mismo tiempo impide actuar a otras administraciones.
En ese sentido, el parlamentario Ernesto Alba ha tirado de inventiva para explicar la situación, donde "el PP y Moreno Bonilla están demostrando que cuando hablamos de vivienda son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer". A su juicio, apelar a la titularidad de las competencias para frenar las normas del Estado equivale a reconocer la responsabilidad propia en el escenario actual, marcado por la escalada constante de los costes del alquiler y la proliferación insostenible de los pisos turísticos.
Asimismo, Alba incide en la paradoja que supone cruzarse de brazos en el ámbito autonómico y, simultáneamente, recurrir las diferentes apuestas estatales para combatir los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía en este ámbito, como los desahucios o la especulación inmobiliaria. "No solo no hacen nada con esas competencias, sino que encima pretenden bloquear a un Gobierno Central que sí quiere poner de su parte para garantizar el acceso a viviendas dignas, que quiere que se detengan los desahucios y que quiere proteger a las inquilinas frente a la avaricia de los fondos buitres", expresa, situando el fondo del asunto en la conveniencia de primar la función social del techo familiar por encima de la rentabilidad financiera: "¿Qué va primero, los beneficios de los especuladores o el derecho de las familias trabajadoras?".
Un escenario diario con "siete desahucios" en la comunidad
La indignación ante el anuncio también se hace extensible a la bancada socialista, donde califican la maniobra judicial de "irresponsabilidad". El principal partido de la oposición en Andalucía critica que la única respuesta formal que parte de la administración andaluza para encarar el problema sea la presentación continua de recursos ante el órgano constitucional, en lugar de activar medidas autonómicas directas que sirvan para contener los precios o proteger a las familias más vulnerables.
Las cifras expuestas por el parlamentario del PSOE-A, Dani Pérez, reflejan una realidad que considera insostenible, recordando que en el territorio andaluz se producen de media "siete desahucios cada día" y que el precio del arrendamiento no deja de batir récords. Pérez ha argumentado que medidas de urgencia, como las impulsadas a nivel estatal para suspender lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad acreditada, están permitiendo frenar desalojos concretos en la comunidad.
Por ello, ha recriminado al Ejecutivo de Moreno Bonilla que desatienda estas realidades y centre sus esfuerzos en la batalla judicial. "En lugar de apoyar a las familias vulnerables, a la juventud andaluza y a todas las personas que necesitan que el Gobierno andaluz dé una respuesta en materia de vivienda, lo único que hace Moreno Bonilla es llevar a los tribunales" los decretos de protección. De igual modo, afea al presidente andaluz que "se le ha vuelto el corazón de piedra" e insiste en exigirle que ejerza de forma constructiva las competencias exclusivas de las que dispone para ofrecer respuestas habitacionales reales a la ciudadanía.
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