El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado hoy una denuncia penal contra el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP) y toda su Junta de Gobierno por una subvención de un millón de euros a la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla (APPES) en contra del informe del interventor municipal.
Incumple la Ley de Subvenciones
Según la denuncia de Carlos Vázquez Galán, a la que ha tenido acceso Efe, el interventor municipal señaló en un informe del pasado 1 de julio que la subvención a APPES, otorgada en junio de 2013, podría incumplir la Ley General de Subvenciones. Entre otros, recogió que APPES “parece que interviene como entidad colaboradora y no como beneficiaria” y que “no se detallaron en su día las actividades a realizar, ni tampoco la relación de gastos e ingresos de dichos proyectos, lo que impide a la Intervención municipal concluir que los gastos sean adecuados y consiguientemente que puedan ser asumidos y abonados por la Corporación”.
Presidida por el alcalde
Añade la denuncia que “no se especifican los criterios con los que la APPES adjudica los proyectos a realizar, pese a que se encuentra presidida y representada legalmente por el propio alcalde-presidente del Ayuntamiento de Sevilla y uno de sus tenientes de alcalde, precisamente el responsable del área de Economía”. También, según el interventor, se incluyeron “gastos de patrocinio de APPES a otras entidades así como subvenciones a terceros”.
Llamada de atención del interventorPrecisa la denuncia que “el interventor llama la atención” sobre el hecho de que “una asociación de naturaleza privada y subvencionada por la Corporación, presidida por las mismas personas que la presiden y representan legalmente, justifique con cargo al erario público todos los gastos de funcionamiento de la entidad”.
Que citen a declarar al alcalde
Por ello, IU pide al juzgado de Sevilla a quien corresponda la denuncia que cite a declarar al alcalde, al primer teniente de alcalde Gregorio Serrano y a toda la Junta de Gobierno que aprobó la subvención a APPES pese a la advertencia del interventor. A todos ellos les imputa un presunto delito del artículo 308 del Código Penal, que sanciona a quien, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos públicos, “incumpla las condiciones establecidas, alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida”.
Incumple la Ley de Subvenciones
Según la denuncia de Carlos Vázquez Galán, a la que ha tenido acceso Efe, el interventor municipal señaló en un informe del pasado 1 de julio que la subvención a APPES, otorgada en junio de 2013, podría incumplir la Ley General de Subvenciones. Entre otros, recogió que APPES “parece que interviene como entidad colaboradora y no como beneficiaria” y que “no se detallaron en su día las actividades a realizar, ni tampoco la relación de gastos e ingresos de dichos proyectos, lo que impide a la Intervención municipal concluir que los gastos sean adecuados y consiguientemente que puedan ser asumidos y abonados por la Corporación”.
Presidida por el alcalde
Añade la denuncia que “no se especifican los criterios con los que la APPES adjudica los proyectos a realizar, pese a que se encuentra presidida y representada legalmente por el propio alcalde-presidente del Ayuntamiento de Sevilla y uno de sus tenientes de alcalde, precisamente el responsable del área de Economía”. También, según el interventor, se incluyeron “gastos de patrocinio de APPES a otras entidades así como subvenciones a terceros”.
Llamada de atención del interventorPrecisa la denuncia que “el interventor llama la atención” sobre el hecho de que “una asociación de naturaleza privada y subvencionada por la Corporación, presidida por las mismas personas que la presiden y representan legalmente, justifique con cargo al erario público todos los gastos de funcionamiento de la entidad”.
Que citen a declarar al alcalde
Por ello, IU pide al juzgado de Sevilla a quien corresponda la denuncia que cite a declarar al alcalde, al primer teniente de alcalde Gregorio Serrano y a toda la Junta de Gobierno que aprobó la subvención a APPES pese a la advertencia del interventor. A todos ellos les imputa un presunto delito del artículo 308 del Código Penal, que sanciona a quien, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos públicos, “incumpla las condiciones establecidas, alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida”.