El procedimiento tiene su origen en la denuncia presentada por el portavoz del PSOE en Benahavís (Málaga), Luis Feito, quien sostiene que el Hotel Marbella Club lleva años utilizando suelo municipal en la zona de Caserías del Esperonal para instalaciones ecuestres —entre ellas cuadras, boxes, pistas de competición y otras dependencias auxiliares— sin que exista concesión administrativa, autorización legal o contraprestación económica a favor del Ayuntamiento. La denuncia también cuestiona que dichas instalaciones dispongan de las licencias urbanísticas preceptivas.
Tras analizar la documentación aportada, la Fiscalía abrió diligencias de investigación y concluyó que los hechos podían presentar, al menos de forma indiciaria, relevancia penal, motivo por el que trasladó el caso al Tribunal de Instancia de Marbella.
Además del alcalde, la jueza ha citado a declarar como testigo al portavoz socialista, que comparecerá esa misma mañana para ratificar la denuncia. También deberán prestar declaración el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe del Área de Urbanismo y el responsable jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Benahavís, así como el presidente y un consejero del Marbella Club Hotel S.A.
Una investigación que se suma a otras polémicas
La causa judicial llega apenas unos días después de que trascendiera otra controversia que ha situado al Ayuntamiento de Benahavís en el foco político. La oposición ha cuestionado el proceso de adjudicación de 30 viviendas protegidas al comprobar que entre los aspirantes mejor puntuados figuran dos hijas del alcalde, hijos de varios concejales del Partido Popular y familiares de antiguos responsables municipales.
Aunque el Ayuntamiento sostiene que la baremación responde exclusivamente a criterios objetivos recogidos en la ordenanza reguladora —como el tiempo de empadronamiento, los ingresos o determinadas circunstancias sociales—, la concentración de familiares de cargos públicos entre las primeras posiciones ha generado críticas y ha alimentado las dudas sobre la imparcialidad del procedimiento.
Seis condenas por falta de transparencia
La investigación penal se produce, además, en un contexto marcado por diversos procedimientos judiciales relacionados con la gestión municipal.
El pasado año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Málaga volvió a condenar al Ayuntamiento de Benahavís por negar información solicitada por la oposición, en esa ocasión relativa a la licencia de obras del Gran Hotel Benahavís. Se trataba, según denunció entonces el PSOE, de la sexta sentencia contraria al Consistorio por vulnerar el derecho de acceso a la información de los concejales.
El portavoz socialista, Luis Feito, calificó entonces la situación de "absoluta anomalía democrática" y acusó al alcalde de impedir de forma reiterada la labor de control de la oposición. Asimismo, sostuvo que las sucesivas condenas por falta de transparencia terminan repercutiendo económicamente en las arcas municipales debido al pago de las costas judiciales.
Con la apertura de esta nueva causa penal, el alcalde de Benahavís afronta un escenario judicial especialmente delicado, al coincidir la investigación por la presunta utilización irregular de suelo público con otras controversias políticas y procedimientos relacionados con la gestión del Ayuntamiento.
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