La adjudicación de 30 viviendas de protección pública en Benahavís ha desatado una fuerte controversia política y vecinal después de que la lista definitiva de puntuaciones situara entre los aspirantes mejor clasificados a familiares directos de varios miembros del equipo de gobierno del Partido Popular.
Benahavís, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España y conocido por su oferta turística de alto nivel, colindante con Marbella, dotado de más de diez campos de golf, y numerosos restaurantes de lujo. Los ciudadanos de esta localidad llevan más de una década esperando la construcción de esta promoción pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a los residentes. Sin embargo, la publicación del baremo definitivo ha desplazado el debate desde la necesidad de vivienda hacia la transparencia del proceso.
Entre los solicitantes que han obtenido las puntuaciones más elevadas aparecen las dos hijas del alcalde, José Antonio Mena, así como hijos de concejales del actual gobierno municipal y familiares de anteriores responsables políticos vinculados al Partido Popular. La coincidencia ha provocado malestar entre numerosos vecinos que llevan años inscritos a la espera de una oportunidad para acceder a una vivienda protegida.
El sistema de adjudicación se basa en una ordenanza municipal aprobada recientemente y contempla criterios relacionados con el tiempo de empadronamiento, el nivel de ingresos y determinadas circunstancias sociales, entre ellas la pertenencia al colectivo de jóvenes menores de 35 años. Aunque el Ayuntamiento sostiene que la valoración responde exclusivamente a parámetros objetivos y que el procedimiento se ha desarrollado conforme a la normativa vigente, la concentración de familiares de cargos públicos en los primeros puestos ha alimentado las dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La oposición solicita información detallada
Desde el gobierno local se insiste en que la baremación ha sido realizada mediante procedimientos técnicos y que todos los solicitantes han sido evaluados bajo los mismos criterios. No obstante, la oposición reclama acceso completo a la documentación administrativa y considera imprescindible despejar cualquier sospecha mediante una mayor transparencia.
La oposición socialista informa a este medio de que llevan meses solicitando información detallada sobre el expediente de la promoción y sobre los criterios aplicados en la valoración de las solicitudes. A su juicio, la relevancia social de un proyecto de estas características exige ofrecer todas las garantías posibles y evitar cualquier circunstancia que pueda generar desconfianza entre la ciudadanía.
La polémica llega a su punto culminante esta semana. Debido a que varios aspirantes han obtenido idéntica puntuación, el Ayuntamiento celebrará un sorteo informático para establecer el orden definitivo de adjudicatarios y suplentes. El acto será seguido con especial atención tanto por los solicitantes como por los grupos políticos de la oposición, que ya han anunciado su presencia para supervisar el procedimiento.
Más allá del resultado final, el debate ha reabierto una cuestión de fondo en el municipio: si un proceso destinado a garantizar el acceso a la vivienda pública puede considerarse plenamente transparente cuando entre los principales beneficiarios aparecen familiares directos de quienes gobiernan el Ayuntamiento.
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