Un informe alerta de que la privatización sanitaria en Andalucía ha aumentado un 70% desde 2014

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó la pasada semana la duodécima edición de su Informe sobre la Privatización Sanitaria en las Comunidades Autónomas, correspondiente al ejercicio 2026. El estudio, que evalúa de forma periódica el volumen de recursos y servicios derivados hacia la gestión y asistencia privada en los sistemas comunitarios de salud, analiza los indicadores presupuestarios, la infraestructura disponible y las pautas de consumo sanitario en Andalucía.

En el balance global de 2026, Andalucía registra un índice de privatización sanitaria de 20,5 puntos, situándose ligeramente por debajo de la media autonómica estatal, que se ha establecido en 21,8 puntos. Sin embargo, la perspectiva histórica que contempla el estudio muestra que, desde el año 2014, el indicador global de la comunidad autónoma andaluza ha experimentado un crecimiento del 70,8%, habiendo pasado de los 12 puntos contabilizados al inicio de la serie histórica hasta el registro actual.

¿Qué es la privatización?

El organismo ha dedicado en el informe un párrafo a explicar qué es la privatización para el estudio, que circunscriben a la transferencia económico desde los servicios públicos al sector privado por compra de productos o servicios. Es importante resaltar -apunta el informe- que para la empresa privada la motivación de la oferta de servicios es la "obtención de ganancia", por lo que "no todos" los servicios son ofertados, sino "los rentables".

De este modo, critica los llamados conciertos sanitarios, que entidades privadas gestionen recursos públicos, la externalización de servicios, la transferencia monetaria o la compra directa de servicios sanitarios privados a través de aseguradoras.

En Andalucía, a pesar de la evolución sostenida a largo de estos doce años, el informe recoge que la puntuación de la comunidad ha experimentado una moderación respecto al ejercicio de 2025, cuando el índice alcanzó los 23 puntos. Según explica el texto, esta variación en la puntuación no responde necesariamente a un repliegue en las asistencias prestadas por el sector privado, sino a reajustes en la distribución de las asignaciones presupuestarias y a variaciones en los modelos institucionales de reporte de las partidas destinadas a entidades privadas.

Al someter a auditoría las cuentas públicas de la administración sanitaria autonómica, el informe de la FADSP detalla que, además de las partidas consignadas de forma directa como conciertos sanitarios tradicionales, existen diversas líneas de contratación complementarias con empresas del sector privado. Entre estos servicios externalizados se encuentran las prestaciones de hemodiálisis, la asistencia en terapias respiratorias domiciliarias, el transporte sanitario urgente y programado, la realización de pruebas diagnósticas complementarias y la derivación de pacientes para intervenciones quirúrgicas. La integración de la totalidad de estos conceptos eleva el flujo real de fondos públicos traspasados a entidades privadas a un volumen que duplica la asignación presupuestaria oficial del capítulo de conciertos, el cual supone por sí solo un 24% del presupuesto sanitario de la comunidad.

El estudio analiza asimismo la repercusión económica directa en las familias y el patrón de uso de los recursos asistenciales en la comunidad. En lo que respecta al gasto de bolsillo en salud, que abarca desde los pagos directos realizados por los usuarios en farmacias o prótesis, a servicios no cubiertos íntegramente por el sistema público, los residentes en Andalucía destinan actualmente una media de 491,68 euros por habitante al año. Este importe representa un incremento del 52,3% en comparación con los 300 euros por persona registrados en 2014.

De manera paralela, la contratación de pólizas y seguros médicos privados ha aumentado un 115,5% en el mismo periodo de doce años, pasando de un gasto medio de 103 euros por habitante en 2014 a 222 euros anuales por persona en 2026. En lo relativo a la frecuentación de servicios, un 21,6% de la población andaluza acude a consultas de atención especializada en el sector privado, mientras que un 18,6% utiliza la medicina privada para la atención primaria de salud, y un 3% de los mutualistas integrados en el sistema opta de forma activa por la opción asistencial privada.

Por último, en relación con la dotación de infraestructura en Andalucía, el informe refleja que el sector privado gestiona el 18% de las camas hospitalarias instaladas en la comunidad y mantiene la propiedad o gestión del 4,4% del equipamiento de alta tecnología médica disponible en el mapa sanitario autonómico.