El Gobierno de Moreno Bonilla rebaja las multas a las inmobiliarias que incumplen la ley: de 60.000 a 1.500 euros

La crisis de la vivienda abunda en los discursos de los líderes políticos, coincidiendo todos ellos en la necesidad de realizar un abordaje; sin embargo, cuando toca actuar contra aquellos que, a través de la especulación y la expulsión de los vecinos de sus barrios, agravan el tensionamiento de este bien de primera necesidad, los responsables se ponen del lado de los poderosos, aunque estos incurran en una ilegalidad. La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla es el ejemplo más claro de este proceder.

Pese a que la competencia es autonómica, el Gobierno central definió hace varios años un marco legal (ley de Vivienda) que define parámetros nacionales que deben cumplirse en todo el territorio, como la prohibición de cobrar los honorarios de las inmobiliarias a los inquilinos, dado que quien contrata dichos servicios son los propietarios. Incumplir este y otros aspectos es ilegal y las autonomías tienen marcos propios para sancionar, como la ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, donde los responsables han decidido librar a las grandes empresas de una gran multa.

IGG Inmobiliaria, como casi la totalidad de empresas del sector, sigue cobrando estos gastos al que busca alquilar una vivienda o les excluye del proceso en caso de expresar reticencias. Esta multa, según la propia legislación andaluza, está tipificada como grave, dado que la infracción se ha cometido “voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles”, como es cumplir con la normativa vigente; se ha producido de forma “continuada o habitual” y tiene una “alta repercusión en el mercado, afectando a un gran número de consumidores”.

El proceder de esta inmobiliaria, denunciado por FACUA, ha incumplido los tres supuestos contemplados en la ley andaluza para que una infracción pase de ser leve a grave, que incluso podría ser muy grave si se entiende que genera “desconfianza en los consumidores” o que se ha “aprovechado la situación de determinadas personas” al afectar a un “bien de uso o consumo diario y generalizado”. La multa podría haber ido, en consecuencia, de los 5.001 euros a los 60.000 euros, para las graves, y de los 60.0001 euros al millón de euros, para las muy graves.

Nada más lejos de la realidad. La Junta de Andalucía ha establecido una sanción de 1.500 euros por los cobros ilegales y ni siquiera le reclama que devuelva el dinero ganado ilícitamente. Es más, la multa inicial planteada era de 7.000 euros, también insignificante, pero e, la jefa del Servicio de Consumo de Sevilla, Isabel María García Domínguez, ha rebajado la cantidad porque le “resulta desproporcionado” hasta los 2.500 euros, tramo inferior de las sanciones leves, que podría reducirse un 40%, hasta los 1.500 euros, si no interpone recurso y asume la sanción.

Inmunidad ante la ley

La ley nacional que regula el derecho a la vivienda establece que el cobro de “gastos de formalización del contrato y de gestión inmobiliaria” o “cualquier otro cargo de análoga naturaleza” suponen una infracción “grave” que, según la norma estatal, podría sancionarse con entre 10.001 y 100.000 euros. Sin embargo, y pese a que la ley de arrendamientos urbanos también especifica que este tipo de gastos deben correr a cuenta del arrendador, la Junta considera que una multa más baja que lo que la empresa cobra ilegalmente en apenas dos operaciones es suficiente.

Igual por ese motivo la inmobiliaria mantiene estos cobros más de un año después de que Facua presentase la denuncia. “No están incluidos en el precio los gastos de servicios, de intermediación, de representación y/o personal shopper inmobiliario que se contraten más su respectivo IVA”, recogen los propios anuncios de IGG Inmobiliaria, que anticipan los cobros ilícitos. Parece evidente que la práctica irregular no es fruto de un error, sino que se perpetra voluntariamente, tratándose además de una práctica habitual de la empresa, lo que eleva la sanción a grave.

La normativa existe y las prácticas cometidas sistemáticamente por esta y otras inmobiliarias son a todas luces tipificables como graves. No obstante, los gobiernos autonómicos del Partido Popular optan por mirar para otro lado, favoreciendo a las empresas y castigando al ciudadano de a pie, mientras prodigan que la culpa es de un malvado Gobierno central y su tiránico líder. En Andalucía, donde las inmobiliarias incumplen a gusto la ley, se encuentran algunos de los lugares con los metros cuadrados más caros de España y muchos territorios han sido tan gentrificados que es más fácil escuchar un ‘hello’ que un ‘mi arma’ o un ‘pisha’; pero por menos Moreno Bonilla no es chavista.