La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras, dos no adscritos y cinco vinculados al PSOE, incurrieron en un delito de prevaricación administrativa. La investigación se centra en el acuerdo adoptado en el Pleno municipal del pasado 17 de junio, en el que decidieron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico bajo el argumento de recabar nuevos informes.
El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras la denuncia interpuesta por la asociación ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense apenas dos días después de dicha sesión plenaria. Desde el colectivo conservacionista se calificó la actuación de los ediles como una "desobediencia inadmisible" y un "acto de prevaricación manifiesta" por incumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En el marco de estas diligencias preprocesales, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ha solicitado al consistorio carbonero la remisión del acta plenaria en la que se acordó dejar sobre la mesa la propuesta avalada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para la revisión de oficio de la licencia concedida a la promotora Azata del Sol en enero de 2003. El Ayuntamiento ya ha remitido la información solicitada, que incluye los antecedentes y los informes jurídicos disponibles.
Pese a que la nulidad de la licencia acabó siendo aprobada en un Pleno posterior celebrado el 7 de julio con los votos a favor del alcalde, Salvador Hernández (CS), y otros siete ediles, entre los que se encontraban dos expedientados por el PSOE tras abstenerse en la primera votación. La Fiscalía considera "presumible" la posible comisión de ilícitos penales en aquella dilación inicial. Los concejales señalados en la denuncia son José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.
La reacción ecologista: "Una mera triquiñuela para dilatar el proceso"
Por su parte, Salvemos Mojácar ha celebrado públicamente la apertura de la investigación judicial, considerándola "una buena señal" para que se siente un precedente y se condenen actuaciones que tildan de inaceptables. La asociación ha rechazado frontalmente los argumentos esgrimidos por los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención, recordando que ya existía un dictamen favorable emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía.
A juicio del colectivo, aquella maniobra constituyó una "mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión", prolongando una situación de "rebeldía institucional" que se arrastra desde hace 20 años y que mantiene pendiente la demolición del inmueble, asentado en suelo no urbanizable de especial protección y en el dominio público marítimo-terrestre. Asimismo, la organización recuerda que sigue a la espera de una resolución judicial sobre el pleito que mantiene iniciado en Almería desde 2017 para reclamar el derribo efectivo del edificio.
Los hechos también han tenido repercusión inmediata en el ámbito orgánico. A raíz de la polémica votación de junio, la dirección del PSOE abrió un expediente disciplinario a los cinco concejales socialistas implicados, entre ellos su hasta entonces portavoz, José Luis Amérigo, comunicando su expulsión temporal del partido. Así, hace una semana el secretario coordinador de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, pedía al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que "deje de mirar a otro lado" y que "ejecute cuanto antes" la demolición del hotel "ilegal" de El Algarrovico en Carnoberas.
"Menos anuncios, menos excusas y más decisiones", afirmaba Sánchez de Haro en una nota de prensa en la que recordaba la última resolución del TSJA, que rechaza el recurso de la empresa promotora para evitar el derribo: "vuleve a despejar el camino" para que el hotel de El Algarrobico "desaparezca definitivamente".
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