A los promotores de las manifestaciones contra el Gobierno que contravienen el estado de alarma puede salirles cara su iniciativa. La Fiscalía de Sevilla ha incoado ya diligencias en torno a la denuncia interpuesta por la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo, por la convocatoria y celebración de "manifestaciones políticas" para reclamar la dimisión del Gobierno central por su gestión ante la pandemia de coronavirus Covid-19, sin haber sido "debidamente comunicadas a la Subdelegación" pese a tratarse de un requisito obligado y poniendo "en riesgo" la salud pública.
Según informaba 17 de Marzo en un comunicado, su denuncia se sustenta en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el pasado día 30 de marzo prohibió las manifestaciones sindicales convocadas en coches particulares con motivo del 1 de mayo. En esa sentencia el máximo órgano judicial de Andalucía declaraba que de celebrarse manifestaciones durante el estado de alarma “es un hecho notorio que es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse entre sus círculos de amistad, profesionales y familiares”.
Como ha publicado Diario de Sevilla y han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, una vez recibida la citada denuncia en la Fiscalía de Sevilla, han sido incoadas las correspondientes diligencias del mismo modo que sucede con el resto de denuncias, al tratarse del trámite correspondiente tras el registro de las mismas.
La asociación de juristas "defiende firmemente el derecho de manifestación y cree que al no estar suspendido el ejercicio de este derecho, deben permitirse aquellas que cumplan con las medidas de seguridad exigidas para evitar contagios".
Por ello mismo, "denuncia el daño que hace al ejercicio legítimo de este derecho la convocatoria de reuniones en lugares de tránsito público que sin ser espontáneas, no respetan medidas de seguridad contra la pandemia ni se comunican previamente a la autoridad competente".
A juicio de 17 de Marzo, "esta falta de comunicación previa es una estrategia deliberada de ruptura con la legalidad para evitar que las autoridades puedan adoptar las medidas necesarias para que las manifestaciones se desarrollen de manera ordenada y sin afectar a otros derechos como el de la salud pública".