Aunque ya existía una similar en el organigrama hospitalario, la Consejería de Salud y Familias habría creado una nueva plaza directiva en el Hospital San Cecilio de Granada que ha adjudicado sin concurso público a Beatriz Valero Frías, hija de Vicente Valero, alcalde de Churriana por el PP durante 27 años, ex diputado andaluz y portavoz de Sanidad y Discapacidad, según una información publicada ayer en El Independiente de Granada.

Según el digital granadino, “el puesto adjudicado a dedo, que forma parte del organigrama directivo del hospital, es el de subdirección económica. Pero se da la circunstancia –añade– de que ya había un cargo exactamente igual que tras la creación de la nueva plaza se mantiene. Es decir, la Junta ha duplicado el mismo puesto, un hecho insólito, según las fuentes consultadas, que no se ha aplicado a ningún otro hospital público, ni siquiera a los de referencia, con más prestaciones sanitarias”.

Beatriz Valero, de 31 años, es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y fue concejala de Economía, Hacienda y Consumo de Churriana de la Vega, tras revalidar el PP la mayoría en 2015 con Antonio Narváez al frente como alcalde, que sustituyó a Vicente Valero.

 Según El Independiente de Granada, Valero ha trabajado en una notaría, una gestoría y una empresa de reclamación de impagos, entre otros, antes de incorporarse como subdirectora económica en el hospital de Granada.

El acuerdo de ‘regeneración’ suscrito por PP y Cs para formar gobierno en Andalucía incluía este compromiso:

“Definiremos la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político. Tendrán esta consideración los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales, además de otros puestos con funciones directivas que ahora son nombrados libremente por el Gobierno. Todos ellos serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo. Estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y serán cesados por las causas justificadas que se desarrollen en la ley”.