El nombramiento de Emmanuel Toro al frente del Instituto Andaluz de la Mujer de Sevilla ha provocado un intenso debate en el la escena política andaluza. La izquierda salió rápidamente a criticar que la Junta de Andalucía, ahora con el sello de Vox, ponga al frente de dicha institución provincial a un hombre, con el simbolismo que ello acarrea. Por su parte, dirigentes del PP han defendido la idoneidad del cargo, recordando, principalmente al PSOE, que no dijeron nada cuando la misma organización, a nivel estatal, también colocara a hombres a dirigir competencias similares. Aunque esa comparación entrañe una trampa en los matices, como la formación de los señalados.
En cualquier caso, no solo ha provocado polémica en el debate político, sino que ha llegado a la sociedad civil. En este caso, un colectivo feminista, 'Feministas frente al fascismo', ha enviado una carta abierta a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, tras el nombramiento de Toro.
Hay que recordar que Toro es el único hombre responsable de las competencias dentro del IAM. Ni su directora a nivel autonómico, María Jesús Botella, ni el resto de responsables provinciales son hombres. Dicho de otra manera, todas son mujeres, (excepto en Sevilla) como así había sido desde la creación de esta entidad. El nombramiento de Toro, que no atesora precisamente un recorrido profesional ligado a las competencias a desempeñar, sino que tan solo se le conoce la militancia en el PP, ha roto con esa 'continuidad', y de ahí el debate.
Carta abierta
Para el citado colectivo feminista el nombramiento merece, cuánto menos, una explicación pública por parte ed la consejera. Indica en una nota de prensa que es una institución de referencia para "promover las políticas de igualdad, el empoderamiento, la formación y la participación de las mujeres". Por ello, la designación de un hombre para dirigir dicho organismo "exige conocer cuáles han sido los criterios que han motivado dicha decisión y qué razones lo justifican".
Del mismo modo, apuntan, "sorprende que se haya descartado la posibilidad de que una mujer, con una sólida trayectoria feminista y experiencia en políticas de igualdad, lidere el IAM en Sevilla. La presencia de mujeres en los espacios de dirección constituye también un compromiso institucional con la igualdad y con el fortalecimiento del liderazgo femenino en las instituciones públicas".
Vox
El colectivo feminista ha aprovechado también la carta dirigida a Loles López para pedirle que, como máxima responsable en las políticas de igualdad, se manifieste en contra de que la evaluación y valoración de la violencia de género en Andalucía pueda recaer sobre perfiles vinculados al negacionismo de esta violencia.
Esta petición responde al hecho de la penúltima cesión del Gobierno de Moreno Bonilla a la ultraderecha. El PP le ha cedido, dentro de la cartera de Justicia, las competencias de atención a las víctimas de violencia de género a Vox. Unas competencias que el propio partido que ahora en Andalucía dirige Gavira había puesto en tela de juicio la formación hace siete años. Entonces, el líder, Francisco Serrano -ahora investigado por corrupción- requirió al Gobierno de PP-Cs, los nombres de los que realizaban las evaluaciones a las mujeres víctimas de violencia, con una clara estrategia de señalar a esos trabajadores y presionarles. Trabajadores en su mayoría funcionarios.
Dentro del organigrama autonómico, estas unidades se incorporan dentro de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, dependiendo operativamente de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) implantados en las ocho provincias andaluzas. Compuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, su cometido central es la elaboración de informes psicosociales y dictámenes periciales sobre la situación de las víctimas de malos tratos, la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas y la afectación en los menores. Dichos informes resultan determinantes para que los jueces adopten órdenes de protección, acuerden medidas sobre custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio o concedan ayudas públicas autonómicas, según se recoge de diferentes normativas estatales y autonómicas.
El ministerio de Igualdad que encabeza Ana Redondo ha pedido una reunión urgente con el Ejecutivo de Moreno tras conocerse esta polémica. Al tiempo, le ha requerido una "rectificación" y ha trasladado su "profunda preocupación" ante una situación que considera de "enorme trascendencia institucional y política" al poner, a su juicio, en cuestión el "compromiso" que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y "con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".
La consejera respondió vía X (antes Twitter). Así, Loles López aseguraba que "las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral" y reafirmaba “el firme y claro compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad y contra la violencia de género" porque "la Junta continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares". Contundente, López sentenció que “las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”.
De este modo, el colectivo Feministas Frente al Fascismo ha expresado que las mujeres andaluzas necesitan "instituciones que no solo proclamen su compromiso con la igualdad, sino que lo demuestren con hechos y con decisiones acordes con los principios que dicen defender".
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