Se estrecha el cerco sobre el alcalde de Estepona: investigado también por tráfico de influencias y prevaricación

Dos causas judiciales, indicios reiterados y un patrón de favores que acorrala al alcalde de Estepona. José María García Urbano (PP), se adentra en un escenario judicial cada vez más sombrío, con nuevas actuaciones de la Fiscalía que apuntan directamente a un posible uso indebido del poder público en beneficio de su entorno familiar. A la causa en la que ya está imputado por la presunta contratación irregular de una “amiga íntima” que habría cobrado del Ayuntamiento sin prestar servicio alguno, se suma ahora un segundo frente judicial de enorme gravedad como es la concesión de un espacio municipal a una empresa vinculada a la pareja de su hijo.

La Fiscalía Provincial de Málaga ha solicitado formalmente que se investigue al regidor por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al considerar que la adjudicación de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para uso de restauración presenta indicios claros de trato de favor. No se trata de una sospecha menor, pues los hechos han sido analizados por la UDEF, y un juez ha llamado a declarar al propio alcalde, a una concejala y a cinco miembros de la mesa de contratación del ayuntamiento que adjudicó la utilización de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para un proyecto de restauración. La concesión correspondió a una empresa con vínculos personales con la familia del regidor, al estar dirigida por la pareja de su hijo. Se da la circunstancia que concurrieron únicamente dos sociedades, resultando adjudicataria la mercantil relacionada con el entorno familiar del alcalde. con notables deficiencias frente a la competidora, según Fiscalía.

Según la denuncia basada en la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la empresa adjudicataria - gestionada por la pareja del hijo del alcalde - carecía de experiencia, solvencia económica y estructura empresarial, y ni siquiera tenía inicialmente como objeto social la actividad de restauración. Dicho objeto fue modificado pocos días antes de la formalización de la concesión, en un movimiento que la Fiscalía considera altamente revelador. Fiscalía hace hincapié en la falta de experiencia de la responsable de la empresa y en el hecho de que ni su sociedad tenía trabajos previos en el sector de la restauración. Además, el objeto social inicial de la mercantil no contemplaba esa actividad, que se incorporó mediante una modificación estatutaria apenas dieciocho días antes de la firma oficial de la concesión

Más grave aún resulta que la mercantil no estuviera dada de alta de forma estable en el IAE, ni contara con empleados ni proveedores, lo que refuerza la tesis de que se trataba de una empresa instrumental creada para obtener la concesión. Pese a ello, fue declarada ganadora frente a otra empresa concurrente.

La denuncia subraya además que la mercantil incumplió el pliego de condiciones, ya que acabó vendiendo la totalidad de sus participaciones sin haber iniciado el proyecto, a pesar de que la concesión exigía su explotación directa y prohibía expresamente la cesión a terceros sin autorización municipal.

Uno de los aspectos más comprometidos del caso es el origen de los fondos utilizados para constituir las garantías exigidas por el Ayuntamiento, ya que el dinero habría salido del propio hijo del alcalde, quien a su vez había recibido donaciones de su padre por valor de 20.000 euros pocos días antes de la consignación de la fianza. Para la Fiscalía, este dato refuerza la sospecha de que la adjudicación fue dirigida y sostenida desde el entorno personal del regidor.

La denuncia es contundente al afirmar que la concesión se otorgó omitiendo requisitos esenciales para contratar con la administración, en una actuación “inexplicable desde el punto de vista legal” y solo comprensible, según el escrito, como resultado de la voluntad unilateral del órgano adjudicador, favoreciendo a una empresa íntimamente ligada al núcleo familiar del alcalde.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento, pretende que el marrón se lo coman los funcionarios descargando toda la responsabilidad en los técnicos municipales. Sin embargo, la acumulación de causas, la reiteración de patrones y la gravedad de los indicios dibujan un panorama judicial cada vez más comprometido para García Urbano.

Reacción del PSOE: Dimisión de García Urbano. Reacción PP andalauz: Silencio

Desde la oposición, el PSOE exige desde todas las instancias y de manera reiterada, su dimisión y la intervención del PP andaluz y de Juanma Moreno Bonilla, que hasta ahora guardan silencio y evitan actuar, permitiendo que el alcalde continúe en el cargo pe. Tanto el PSOE de Málaga, a través del secretario de Organización, José Bernal y el local por boca de su portavoz y secretaria general, Emma Molina, han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que actúe ante los escándalos judiciales de García Urbano.  

Bernal subraya que el alcalde ya enfrenta otro proceso por presunta malversación y advierte que los casos judiciales no dejan de acumularse. Por su parte, Emma Molina, denuncia que Estepona está constantemente vinculada a los juzgados y reclama la dimisión de García Urbano, insistiendo en que la ciudad merece una gestión libre de escándalos judiciales.

La pregunta ya no es si el Partido Popular actuará, sino si tendrá que ser la justicia la que acabe forzando la salida de García Urbano, ante la pasividad - o el temor - de su propio partido a la reacciones de García Urbano, en caso de que el Partido Popular lo sancionara.

La causa sigue abierta. Y todo apunta a que esta historia aún no ha terminado.