Problemas para el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el ámbito sanitario. El caso del presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros llega al banquillo después de que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz haya imputado a un alto cargo del organismo
Se trata del director económico central de compras del SAS en Cádiz, Demetrio González Mera, quien en un principio iba a declarar como testigo del caso. Ahora, la jueza Rosa María García deja sin efecto esta citación y le llama a prestar declaración en calidad de investigado el próximo 28 de abril.
El cambio se produce después de que la semana pasada la magistrada tomara declaración como testigos a los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, que ratificaron los informes realizados sobre supuesto fraccionamiento de contratos sobre los que Podemos sustentó su denuncia. Asimismo, hablaron también ante la Justicia esa semana las jefas de servicio Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.
La citación de González se traduce en que el caso ya cuenta con un investigado. Bajo su responsabilidad se encuentra la coordinación y el seguimiento de las compras y logísticas de todos los centros del SAS en la provincia gaditana. Además, define y sigue los expedientes de suministros, obras, concesiones, servicios y conciertos. La Junta andaluz prescindió de su predecesor, José Antonio Miranda.
Fraccionamiento “indebido de miles de contratos menores”
Los hechos se remontan a un “fraccionamiento indebido de miles de contratos menores” adjudicados entre los meses de enero y diciembre de 2021 en la provincia gaditana, Huelva, Córdoba y Jaén.
Las adjudicaciones, según la denuncia elevada por Podemos, se hicieron “con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.
El documento relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron mediante este procedimiento cerca de 92 millones de euros -lo que supone el 46,49% del total de contrataciones del SAS en la provincia-; 69,8 millones de euros (lo que implica el 33,2% del total de contrataciones), 235,4 millones en Cádiz (el 23,3%) y 61 millones de euros en Córdoba (el 21,9% del total de contrataciones). En esta última provincia se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un medicamente por un montante total de 2,2 millones de euros.
Fue el juzgado de Sevilla el que recibió la denuncia y derivó a los juzgados de cada provincia los contratos que afectaban a sus territorios, siendo el gaditano el único que, por el momento, ha abierto diligencias y citado no solo a testigos, sino también al primer investigado. El órgano de la capital hispalense se encuentra investigando mientras tanto una denuncia del PSOE sobre la utilización de los contratos de emergencia cuando pasó la pandemia del Covid y, en consecuencia, esta metodología no era necesaria; o no tanto. En su caso, citó a la gerente del SAS, Valle García, y a dos exgerentes: Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
La oposición pide explicaciones
La oposición ha puesto pie en pared contra estos hechos. Podemos ha indicado que es “urgente y necesario” identificar a los cargos de la formación conservadora que dieron “luz verde” al fraccionamiento.
Mientras tanto, el PSOE ha pedido explicaciones políticas por el “primer imputado” en el caso. "Se trata del primer imputado en la provincia de Cádiz y es solo la punta del iceberg porque se suma a otros tres gerentes del SAS que ya han sido imputados también en otra causa abierta en Sevilla por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024”.
Respuesta de la Junta
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer la versión de los hechos. La Consejería de Salud y Consumo ha respondido mostrando el “máximo respeto y colaboración con la justicia” y se ha mostrado “convencida de que será ésta la que aclare la cuestión”. “Entendemos que estamos ante una denuncia política”, emiten.
Asimismo, han trasladado también que “los servicios jurídicos del SAS han avalado desde el primer minuto la contratación para garantizar que el sistema sanitario público funcione”. “Tenemos la tranquilidad de que toda la contratación cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos y que, por tanto, siempre se ha actuado conforme a la ley”.
En la misma línea, asegura que la contratación menor en las centrales provinciales del Servicio Andaluz de Salud “no es una práctica nueva que haya puesto este Gobierno”, sino una fórmula “completamente legal y que cuenta con todo el respaldo jurídico”.