Era la víspera de Nochebuena de 2104 cuando ElPlural.com informaba de un escándalo en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. El equipo de Gobierno de este consistorio gaditano había sido denunciado por la oposición socialista de contrataciones masivas de familiares. En concreto, se relacionaban a hijos, sobrinos, cuñados, hermanos y también militantes, hasta un número de 25 personas, todas colocadas en un Ayuntamiento con alcalde del PP en coalición con una formación local independiente. Por la denuncia de la oposición de estos hechos, la justicia imputó al alcalde de Arcos de la Frontera y ocho ediles de gobierno por contratar a estos veinte y cinco familiares y afines como carpinteros, electricistas, administrativos, peones, conserjes, arquitectos, limpiadoras...
El alcaldable del PP imputado en la macrocausa de enchufismo
El caso sigue instruyéndose aunque sufrió retrasos por los recursos presentados y las apelaciones de los acusados para que se revisase su situación y fueran desimputados. Finalmente no fue así y la Justicia sigue su curso esperando sentenciar este macroproceso por el número de imputados y la cantidad voluminosa de familiares y amigos a los que se acusa de haber sido colocados y enchufados arbitrariamente por vínculos de sangre o afinidad.
De nuevo el caso vuelve al primer plano de la actualidad porque el candidato a la alcaldía de Arcos de la Frontera proclamado recientemente, Domingo González, es uno de los imputados en este caso. Se da la circunstancia de que González, que fue concejal de Cultura y miembro del equipo de Gobierno que se sienta en el banquillo, no tuvo rival alternativo en el proceso electoral para elegir candidato del PP de Arcos.
El caso no es menor pues son ocho ediles más el ex regidor del PP los que comparecen ante el juez acusados de prevaricación y tráfico de influencias por supuestamente contratar de manera irregular a 25 familiares y afines en el Ayuntamiento. Están acusados desde el entonces alcalde hasta un senador del PP y 8 concejales del gobierno local de entonces.
Acusaciones "masivas", contratos "masivos"
En la querella se señalaba que desde el principio del mandato municipal estos habrían venido ordenando, “unas veces directamente, y otras mediante el responsable de Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011, al margen de la ley y sin proceso de selección” ni de fiscalización de Intervención”.
Cuñados, primos, sobrinos, tíos...
Entre los favorecidos del “Gordo” municipal aparecen el cuñado y una sobrina del alcalde; un cuñado de Reyes; a un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero Gallardo; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil. Los puestos son variopintos, desde carpintero a auxiliar a electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto a personal de limpieza.
Contratos a miembros de las listas municipales
En la denuncia se recoge que "se han concertado contratos laborales temporales con personas que formaron parte de las candidaturas de los partidos políticos que conforman el gobierno municipal, sin cumplir con las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico”. Este supuesto sería muy grave porque estaríamos ante supuestos delitos continuados de prevaricación y tráfico de influencias.
Que se cumpla el pacto PP-Cs de regeneración
Tras conocerse que el candidato del PP a la alcaldía de Arcos de la Frontera va ser el ex concejal de Cultura imputado en este caso ( Domingo González solicitó su desimputación al juez pero fue denegada), rápidamente los socialistas y, curiosamente también Ciudadanos, han puesto el grito en el cielo recordando que en el pacto de Gobierno andaluz firmado entre Moreno Bonilla por el PP y Juan Marín por Ciudadanos se recogía que ningún imputado puede ser candidato. En concreto los socialistas locales han denunciado recientemente esta situación que “PP y Ciudadanos han incumplido a la primera de cambio su acuerdo sobre regeneración democrática al permitir que un imputado forme parte de una lista electoral” y recuerdan como en este pacto firmado entre ambos socios de gobierno “se acordó la inmediata separación de las listas electorales de personas imputadas.
Destacan los socialistas que el candidato Domingo García está imputado por un presunto delito de malversación y tráfico de influencias, en lo que aparenta ser una macrocausa contra el enchufismo laboral en el Ayuntamiento. De esta manera creen que tanto Moreno Bonilla como Juan Marín comienzan “mintiendo a los arcenses y a los andaluces”.
Ciudadanos también exige al PP que retiren a su candidato
Lo más sorprendente ha sido que a esta petición se ha unido Ciudadanos de Arcos argumentando que el pacto entre su partido y el PP en la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la corrupción debe llevarse a buen puerto por lo que el candidato a la Alcaldía debería renunciar a su participación electoral y el PP debería apartarlo de la lista electoral por estar imputado. “En el ámbito de la regeneración democrática debe dejar la vida pública hasta que no se le absuelva”, han comentado.
Reírse de Ciudadanos o engañar a Juan Marín… por si cuela
Las preguntas que caben ahora formularse teniendo en cuenta que esta macrocausa es muy conocida en el PP andaluz, así como la imputación del candidato y verificando que el Partido Popular no ha movido ni un dedo para apartarlo de la candidatura sino que antes al contrario, lo designa ¿qué será necesario para hacerlo? ¿Dónde está la voluntad de cumplir lo firmado? ¿Tenía la intención el PP andaluz de engañar a Cs o reírse de la formación naranja? ¿Qué argumentará Moreno Bonilla ante Juan Marín para defender su incumplimiento a las primeras de cambio? Y por último ¿Qué dirá Juan Marín? ¿Tragará Marín como ha hecho con el pacto colateral con Vox?
