La obsesión del Partido Popular contra la juez María Núñez viene de lejos. Sus criterios de instrucción diferentes, y en más de un caso contrarios, a los de su antecesora Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla han encorajinado al PP hasta el punto de intentar en varias ocasiones y con diferentes tácticas desacreditar o expulsar a la magistrada de las macrocausas heredadas de Alaya y en las que la formación conservadora está personada como acusación.

El último intento de los abogados del PP se ha conocido esta semana y ha consistido en elevar a la Audiencia de Sevilla un escrito solicitando que investigue a Núñez por si, en el caso de los avales de la agencia IDEA, pudiera haber cometido prevaricación, desobediencia y retardo malicioso en la administración de la justicia.

El escrito

La maniobra del PP coincide en el tiempo con la nueva posición en el caso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al sumarse a la petición de archivo formulada por las defensas de varios ex altos cargos autonómicos. Tanto el PP como el Gobierno están teniendo dificultades para explicar la contradicción de sostener una cosa como partido y la contraria como Gobierno en un mismo caso.

El escrito del PP argumenta que Núñez, de manera “consciente y deliberada”, ha estado desobedeciendo las instrucciones de la Audiencia de acelerar diligencias y entregar documentación relacionada con la concesión supuestamente ilícita de avales y préstamos a empresas.

El PP reclama a la instructora que, "sin más maniobras renuentes y dilatorias", cumpla lo ordenado por la Audiencia de Sevilla y remita a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "los expedientes y documentos necesarios para la práctica de las diligencias y la elaboración de informes que le fueron encomendados a cada uno" por su antecesora Mercedes Alaya en 2015, antes de dejar el juzgado para ocupar plaza en la Audiencia.

Entiende la representación legal PP que la conducta de Núñez supone "una auténtica y reiterada violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a la práctica de las pruebas pertinentes en derecho”, conducta que podría ser constitutiva de "un delito de desobediencia, de un delito de prevaricación judicial y de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia".

Una cuñada en IDEA

El PP ya intentó acabar con Núñez, primero en el caso de los cursos de formación, donde la codicia acusatoria de Alaya se vería finalmente frustrada en los sucesivos archivos judiciales, y después en otra de las piezas de la investigación sobre la agencia IDEA.

En febrero de 2017, el PP presentada en la Audiencia de Sevilla un durísimo recurso contra el archivo de la pieza política del caso de la formación, que involucraba a 24 ex altos cargos de la Junta. El escrito, también tumbado en su día por la Audiencia, exigía nada menos que la reapertura de la causa y “la nulidad de todo lo actuado" por la magistrada, cuya instrucción el PP consideraba “parcial” y “sesgada”.

El argumento recusatorio en el caso de IDEA fue que una cuñada de la juez trabajaba como técnica en dicha agencia y que ello inhabilitaba a la magistrada para investigar la causa.

La Sección Cuarta tumbó en noviembre pasado el recurso señalando en su resolución que, del examen del informe remitido por la juez y de la documental recabada en el expediente, "aparece que la cuñada de la magistrada tiene un contrato laboral indefinido y es personal incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo de IDEA"; además, añadía, "ni está imputada, ni consta que parte alguna personada en la causa haya solicitado su llamada al proceso como investigada", en cuyo caso la juez ya ha informado ella misma de que se apartaría de la causa.

Más allá de la libertad

Un año antes, en noviembre de 2017, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria ya tuvieron que salir en defensa de la juez a raíz de que el PP presentara ese incidente de recusación por formar parte su cuñada de la plantilla de IDEA.

Ambas asociaciones exigieron "el máximo respeto" a la instructora "ante la difusión en varios medios de comunicación de informaciones poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada". Los compañeros de Núñez se referían a informaciones periodísticas procedentes del escrito de recusación del PP, que fue derrotado en los juzgados pero arrasó en la prensa conservadora.

Las dos asociaciones recordaban que esas noticias “relacionadas con el ámbito personal y/o familiar de dicha magistrada pero totalmente ajenas a la investigación judicial, no tienen otra finalidad que poner en entredicho de manera infundada su labor profesional en una causa judicial enormemente compleja y con una gran proyección mediática".

El 25 de octubre de ese mismo 2017 estas dos mismas asociaciones de jueces ya habían salido en defensa de Núñez. "El acoso mediático que esta instructora está sufriendo en los últimos tres años desde que tomara posesión del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla llega a límites difícilmente justificables por la libertad de prensa y la libertad de expresión", afirmaba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en un comunicado.