La juez María Núñez es poco partidaria de las macrocausas espectaculares que tanto gustan a los medios. Siempre que lo ha visto técnicamente posible, ha procurado dividirlas en distintas piezas para hacer más ágil la instrucción y más eficaz la justicia.

Precisamente en una de sus escasas declaraciones a los medios, en junio pasado, la sustituta de Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla exponía así su punto de vista: "Tengo una frase fundamental, que es que la justicia lenta no es justicia. Si no hay solución, no hay solución, y si la solución llega tarde, tampoco es solución".

Tres grandes casos

Tres decisiones judiciales recientes confirman la determinación de Núñez de huir no solo de las macrocausas, sino también de la querencia de su predecesora abrir ‘causas generales’, un modo de operar consistente en ir de lo general a lo particular, reclamando documentación oficial de hasta diez años para luego examinar todo ese ingente volumen de papeles en busca del delito. Es lo que con la expresión ‘empezar la casa por el tejado’ acaba de decir Núñez sobre el modo de trabajar de Alaya.

Las tres decisiones judiciales de Núñez que han torcido el rumbo de las investigaciones de Alaya se refieren a los cursos de formación, al fraude de los ERE y a los avales de la empresa pública IDEA.

Vade retro, Alaya; vade retro, Núñez

Si en el pasado los medios progresistas se mostraban desconfiados con Alaya, ahora son los medios conservadores quienes no perdonan a Núñez. Si Alaya fue para el PSOE la ‘bestia-negra-amiga-de-Zoido’ (juez de carrera y ministro del Interior), Núñez es para el PP ‘la-bestia-roja-amiga-de-Llera’ (fiscal de carrera y consejero de Justicia).

Los tres casos –ERE, formación e IDEA– tienen en común que fueron inicialmente investigados por Alaya partiendo de la hipótesis de que los delitos perseguidos se cometieron de un modo u otro siguiendo un plan previamente urdido por las autoridades de la Junta de Andalucía para practicar el clientelismo político.

Núñez, en cambio y como ha evidenciado en diferentes autos, es poco dada a compartir las fastuosas conjeturas de Alaya, de gran impacto político y mediático pero dudosa operatividad judicial.

De la ‘subversión total’…

Baste recordar la hipótesis de trabajo de Alaya sobre los ERE según la cual a lo largo de una década dos presidentes de la Junta de Andalucía, siete de sus consejeros, decenas de altos cargos y el propio jefe de la Intervención General contribuyeron a idear, implementar, mantener y ocultar al Parlamento “una auténtica subversión del ordenamiento jurídico” para otorgar ilegalmente 855 millones de euros que en gran medida fueron “manos de personas y empresas próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz”.

Los entrecomillados pertenecen al escrito de 400 folios enviado en su día por Alaya al juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, encargado de instruir lo relativo a distintos aforados andaluces y que en lo sustancial compartió el criterio de la instructora de Sevilla.

…al ‘análisis pormenorizado’

Justo todo lo contrario de lo que pensaba Alaya es lo que piensa Núñez. En su archivo de las ayudas al ERE de la empresa Azucareras Reunidas, que afectó a 261 trabajadores, decía lo siguiente: "Durante una década, y a través de un procedimiento cuestionado, se han concedido numerosas ayudas, pero no todas carecen de causa justificada", por lo cual era preciso trocear la causa para “realizar un estudio pormenorizado de cada una de las ayudas concedidas", ya que “una correcta instrucción requiere de un análisis pormenorizado de cada una de las ayudas y una respuesta ajustada a derecho en cada caso y en relación con cada persona”.

Una historia alternativa

Ante este planteamiento se puede aventurar que si el caso de los ERE hubiera caído inicialmente en manos de Núñez, la historia judicial –y política– del último lustro en Andalucía habría sido muy distinta: no es que no hubiera habido causa, pues las irregularidades, arbitrariedades y falta de control del dinero de los ERE fueron numerosísimas, sino que no habría habido macrocausa; no es que no hubiera habido imputados, sino que no habrían sido imputados los presidentes de la Junta ni la mayoría de consejeros y altos cargos de Hacienda o Presidencia, aunque sí –casi con toda seguridad– bastantes del departamento de Empleo, que era el que efectivamente decidía y ejecutaba el gasto.

Todos a la cárcel

Algo parecido ha venido a ocurrir con la pieza central de la causa de los cursos de formación, cuyo archivo ha irritado tanto al Partido Popular que, para indignación de la Fiscalía, está intentado resucitarlo por todos los medios procesales a su alcance.

Como se recordará, la juez María Núñez archivó la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía que afectaba a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –también procesado en los ERE– o los exdelegados en las ocho provincias andaluzas.

"No se ha constatado la existencia de una red clientelar", concluyó Núñez atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, pues para que ello hubiera sido posible “el funcionario (interino o de carrera), que era el que, sentado en su mesa con el ordenador, introducía los datos y emitía la resolución de concesión (no se realizaba esta labor personalmente por el director general o delegado provincial), debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría de la trama organizada que realizaba estas conductas (…) Quiere ello decir que no sólo el director general o los delegados provinciales participarían de esta trama, sino que necesariamente también debían participar los funcionarios que integraban los servicios centrales y las delegaciones provinciales (…) la teoría parece poco probable por no decir inverosímil ".

También aquí cabe aventurar que no habría habido macrocausa ni tampoco decenas de detenciones si al frente de la instrucción hubiera estado inicialmente Núñez en vez de Alaya.

Un globo, dos globos, tres globos

El último episodio procesal de discrepancias entre ambas juezas lo conocíamos esta misma semana a raíz de difundirse el auto de Núñez sobre la concesión por parte de la agencia pública IDEA de ayudas a empresas en forma de “avales, préstamos y garantía de préstamos", que Alaya comenzó a investigar en 2013.

La opinión de Núñez no puede ser más contraria a la de su antecesora: "No resulta ajustado a derecho traer a la causa todas las ayudas en forma de aval concedidas por la Agencia entre el año 2000 a 2010, para a continuación buscar expediente por expediente a ver si se encuentra algún ilícito penal, abriendo una especie de auditoría general contra personas físicas o jurídicas, públicas o privadas".

Lo que había comenzado también como una escandalosa macrocausa impulsada por Alaya ha ido desinflándose como un globo que en octubre pasado perdía el poco aire que le quedaba al pincharlo Núñez con su auto de archivo. Es poco probable que el PP consiga inflarlo de nuevo.