Llegó, declaró durante quince minutos, fuese y no hubo nada. Así podría resumirse la comparecencia de hoy como testigo en el juicio de los ERE del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, forzada por los letrados del Partido Popular y en la que la formación conservadora había puesto unas expectativas de rendimiento político que finalmente no se han visto satisfechas.

Si, de entrada, podía haber cierto paralelismo –y procesalmente lo había– entre la comparecencia del vicepresidente andaluz en el estrado de los ERE y la del presidente Mariano Rajoy en el estrado del caso Gürtel, ambos como testigos, el alcance político de un testimonio y otro ha sido diametralmente distinto.

Testigos y testigos

Mientras la declaración de Rajoy desencadenó, además de muchos nervios en el PP, un verdadero terremoto político y un espectacular despliegue mediático, la de Jiménez Barrios ha pasado sin pena ni gloria por platós, redacciones y partidos políticos, incluido el propio PSOE.

Además de la diferente jerarquía de uno y otro, tal vez la razón principal de ese dispar impacto político y periodístico radique en el hecho de que la comparecencia de Jiménez Barrios estaba procesalmente muy forzada, tanto que el fiscal ni siquiera le ha formulado preguntas, mientras que la de Mariano Rajoy en el caso Gürtel era poco menos que obligada, pues se trataba de dirimir si el partido que presidía el testigo había cobrado mordidas a empresas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

A Jiménez Barrios no solo no le preguntó el fiscal, sino que el propio presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, se vio obligado a reprender en varias ocasiones al letrado del PP, Luis García Navarro, por su línea de interrogatorio poco pertinente. Poco antes, el abogado había sufrido un rapapolvo similar del magistrado por interrogar a la exconsejera Mar Moreno como “si fuera una acusada, y no una testigo”.

Una ayuda de hace 15 años

La razón por la que el PP, que ejerce la acusación particular, propuso la comparecencia del vicepresidente es la ayuda de 24.000 euros que con cargo al fondo de los ERE recibió hace 15 años el Ayuntamiento de Chiclana siendo él alcalde, para una feria de muestras que costó 300.000 euros. Durante la revisión que hizo la Junta, la ayuda fue declarada nula pero el alcalde, entonces del PP, recurrió la decisión por la vía contenciosa y ganó el pleito al Gobierno andaluz.


A la salida de su breve comparecencia, Jiménez Barrios calificaba "infame" su citación por el PP por tratarse de una "estrategia política, no jurídica", con el único propósito de “traer al juicio a un miembro del Gobierno actual".