El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos de la Cámara la Ley de Transparencia, una norma cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones y de las entidades privadas, incluida la Iglesia, que gestionan o se financian con fondos públicos.
La ley más importante de la legislatura
urante su debate final, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha subrayado que se ha aprobado "la ley más importante de toda la legislatura", con la que Andalucía "se equipara" a las democracias más avanzadas. El consejero que ha definido la ley "de valiente", ha señalado que dicha norma "se va a mantener viva en función de la demanda de la ciudadanía, que exige transparencia" a los políticos y a las administraciones.
Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local
A continuación, la Cámara andaluza ha aprobado, con los votos de PSOE e IU, la convalidación del decreto ley de medidas sobre la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que pretende salvaguardar las 29 competencias propias de los ayuntamientos andaluces.
"Consenso buscado"
En el transcurso de su intervención, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha puntualizado que este decreto ley nace de un "consenso buscado" con el Consejo Andaluz de Concertación Social con el objetivo de la defensa de la autonomía local, la descentralización política y el Estatuto de Autonomía. El vicepresidente se ha referido también a que la norma trata de evitar disfunciones y vacíos competenciales en la prestación de los servicios municipales hasta que se resuelva el conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional.
En el tercer punto del orden del día, el Pleno ha aprobado parcialmente una Moción del Grupo Popular relativa a Política General en materia de Autónomos.
Dos comparecencias
Dos fueron las comparecencias del Consejo de Gobierno que se han sustanciado en el Pleno. En la primera, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha instado al Gobierno central a que eleve la tasa de reposición de funcionarios en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, incluida las universidades, la justicia y la gestión económico financiera o la lucha contra el fraude fiscal.
La ley más importante de la legislatura
urante su debate final, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha subrayado que se ha aprobado "la ley más importante de toda la legislatura", con la que Andalucía "se equipara" a las democracias más avanzadas. El consejero que ha definido la ley "de valiente", ha señalado que dicha norma "se va a mantener viva en función de la demanda de la ciudadanía, que exige transparencia" a los políticos y a las administraciones.
Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local
A continuación, la Cámara andaluza ha aprobado, con los votos de PSOE e IU, la convalidación del decreto ley de medidas sobre la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que pretende salvaguardar las 29 competencias propias de los ayuntamientos andaluces.
"Consenso buscado"
En el transcurso de su intervención, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha puntualizado que este decreto ley nace de un "consenso buscado" con el Consejo Andaluz de Concertación Social con el objetivo de la defensa de la autonomía local, la descentralización política y el Estatuto de Autonomía. El vicepresidente se ha referido también a que la norma trata de evitar disfunciones y vacíos competenciales en la prestación de los servicios municipales hasta que se resuelva el conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional.
En el tercer punto del orden del día, el Pleno ha aprobado parcialmente una Moción del Grupo Popular relativa a Política General en materia de Autónomos.
Dos comparecencias
Dos fueron las comparecencias del Consejo de Gobierno que se han sustanciado en el Pleno. En la primera, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha instado al Gobierno central a que eleve la tasa de reposición de funcionarios en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, incluida las universidades, la justicia y la gestión económico financiera o la lucha contra el fraude fiscal.