“Yo veo que aquí hay un descontrol absoluto, no se entera nadie de nada, esa es la verdadera realidad”. La frase no es de ningún diputado andaluz de la oposición. Ni siquiera de la juez instructora Mercedes Alaya. Fue pronunciada por uno de los fiscales del Tribunal Supremo para el caso de los ERE durante su interrogatorio el pasado día 14 al expresidente andaluz Manuel Chaves. De la transcripción de su interrogatorio y del de su consejero Gaspar Zarrías parece desprenderse que ni el juez instructor Jorge Alberto Barreiro ni la Fiscalía acaban de creerse los argumentos exculpatorios esgrimidos por los dos exmandatarios andaluces. El propio juez llega a poner en duda la crucial importancia que los cinco políticos imputados provisionalmente ante el Supremo–los dos citados más José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Mar Moreno– dan al hecho de que la Intervención General de la Junta no hiciera el denominado ‘informe de actuación’, que habría alertado del menoscabo de fondos y obligado a frenar en seco la aplicación de las transferencias de financiación como mecanismo para pagar las ayudas a empresas en crisis. EL RASTRO DE LA PREVARICACIÓN Tanto la Fiscalía como el juez intentaban con sus preguntas averiguar si en la actuación de los dirigentes andaluces hay, como sostiene la instructora Alaya, indicios de prevaricación. Por eso dedicaron una parte importante del interrogatorio a determinar si había una relación causal entre la anulación, en el año 2000, por parte de la Unión Europea de las ayudas concedidas a la empresa jiennense Cárnicas Molina y la creación, un año después, del Convenio Marco entre la Consejería de Empleo y el IFA con el que se instauraban de hecho las transferencias de financiación como procedimiento de pago de los ERE. Mercedes Alaya cree que ahí está la madre del cordero político y penal, y en el Supremo intentan averiguar si es así. Desde luego, en las preguntas de juez y fiscal se advierte sin ningún género de dudas la incredulidad de ambos ante las respuestas de los políticos cuya imputación provisional deberá confirmar en primera instancia el juez Barreiro y definitivamente la Sala de lo Penal del Supremo, competente para formalizar el suplicatorio ante las Cámaras para sentarlos en el banquillo. "A MÍ COMO JUEZ..."  De la transcripción de las consideraciones del juez se desprende un tono inequívocamente escéptico ante las respuestas del expresidente: “Pues entonces –dice Barreiro– partimos, según ha dicho usted, de que no conocía los problemas concretos de Cárnicas Molina, que no conocía los problemas que había generado en los controles de la Intervención Autonómica con respecto a una empresa de esta índole [más de 500 trabajadores] durante el año 2000 y tampoco conoce el Convenio Marco, lo conoce hoy día, pero en su momento nadie le informó sobre el mismo, ni lo que se perseguía con él ni lo que se proyectaba ni quién lo confeccionó ni qué aplicación iba a dársele. Siendo usted presidente del Gobierno usted no conocía nada de esto”. También muestra el juez extrañeza ante el hecho de que Chaves diga no conocer cuál era el procedimiento por el que se pagaban las ayudas: “A mí como juez me causa extrañeza, se lo digo claramente (…) Cuando lleva años con el sistema de ayudas, parece que aunque sea por curiosidad uno se pregunta, ¿cómo se están dando?, ¿qué sistema de prioridades se está aplicando? (…) ,¿por qué unas [ayudas] se las damos y a otras no, qué baremos aplicamos?”. EL INFORME DE ACTUACIÓN Después de que el juez le lee los argumentos contenidos en los informes de la Intervención alertando de la falta de adecuación y hasta de la ausencia total de procedimiento en el pago de ayudas, Chaves se defiende preguntándose cómo es que, siendo la situación tan grave, el interventor ni hizo el preceptivo informe de actuación, que “es la única forma que yo tengo de conocer si hay ilegalidad o menoscabo”. La descreída opinión del instructor ante estos argumentos no parece augurar nada nuevo sobre el futuro procesal de los imputados: “El hecho de que no les lleguen informes de actuación tampoco puede tener la relevancia que ustedes le dan (…) ello estaría fundamentado si antes no hubiera dicho nada el interventor, pero tanto en las memorias como en los informes es bastante claro y contundente en sus advertencias, a pesar de lo que ustedes alegan”. ENGAÑAR AL PARLAMENTO Otro de los ejes de la defensa de los aforados ante el Supremo se centró en cómo es posible, en palabras de Chaves, que durante “diez años de debates presupuestarios, de cientos de diputados andaluces, ningún diputado haya hecho ninguna observación de ilegalidad de una trasferencia de financiación y concretamente de las trasferencias de financiación correspondientes a las ayudas sociolaborales”. De hecho, ahí reside una de las principales debilidades de la hipótesis de Alaya de que existió una conspiración para delinquir y que la instructora intentó salvar con el argumento de que la prosa presupuestaria al describir la partida 31L era deliberadamente confusa y opaca, por lo cual los parlamentarios, al no ser expertos en la materia, no pudieron advertir la ilegalidad que se ocultaba tras ella. La idea, se defendió Chaves, de que “durante 10 años ha habido un intento de engañar al Parlamento es, con todos mis respetos, Señoría, insostenible. Sobre todo en una Comisión de Presupuestos, en una Comisión de Hacienda donde evidentemente estaba gente experta, economistas, gente que conocía el tema”.