Prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho, delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Son los delitos de cuya comisión ha apreciado indicios claros el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha propuesto el procesamiento del exalcalde de Granada José torres Hurtado (PP) y nueve de sus concejales, seis de los cuales lo siguen siendo.

El siguiente paso judicial será el auto de apertura de juicio oral, una vez que las partes así lo soliciten; en el muy improbable caso contrario, se sobreseería la causa.

Dimisión, según y cómo

Torres Hurtado tuvo que dimitir de su cargo en abril de 2016 por su implicación en otro caso de corrupción urbanística, la denominada operación Nazarí. La renuncia del alcalde fue forzada entonces por la propia dirección regional del partido de acuerdo con Sebastián Pérez, presidente local del PP y aspirante a suceder a Torres en la Alcaldía. Esta vez, sin embargo, el partido no parece tener prisa en exigir la dimisión de los procesados, pese a que la acumulación de indicios delictivos los ha situado a las puertas del banquillo.

Los concejales procesados que todavía hoy forman parte del grupo municipal del PP son Juan García Montero, María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. A ellos se suman los ya exediles Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.

Construir en zona verde

Todos ellos y varios funcionarios y altos cargos municipales están involucrados en el denominado caso Serrallo, nombre del centro comercial donde se habría autorizado la construcción de una discoteca, una sala de fiestas y una sala de patinaje pese a que los terrenos estaban catalogados como zona verde, que la legislación urbanística protege especialmente.

El origen de este caso se encuentra en la adjudicación en 2006, por parte del Ayuntamiento de Granada a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza, de una concesión administrativa en los Espacios Libres SG-11 para hacer un parque de atracciones infantil.

El auto que transforma las diligencias en procedimiento abreviado sostiene que, al amparo una concesión administrativa para construir un parque infantil en la zona, fueron introducidos “usos y aprovechamientos prohibidos” en el Plan General de Ordenación Urbana para este tipo de suelos catalogados como verdes.

Operacion especulativa

En opinión de la la jueza, el entonces alcalde de Granada tenía pleno conocimiento "de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo" por parte del Ayuntamiento de Granada y “participaba activamente en la toma de decisiones" a pesar de tener delegadas las funciones en materia urbanística.

De hecho, Torres Hurtado presidió la Junta de Gobierno Local del 26 de julio de 2012 en la que, a propuesta de la entones concejal de Urbanismo, también procesada, Isabel Nieto, se aprobó por unanimidad el cambio de uso de estos terrenos.

Perjuicio a los vecinos

El auto judicial es muy severo con los responsables políticos, que habrían “sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo, lo que ha permitido unas construcciones que ni en su volumen ni en su destino a uso terciario lucrativo de discoteca se ajustan al planeamiento general, el cual contravienen".

Según la jueza, "ni el alcalde ni el equipo de gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada”. Más bien todo lo contrario: "legalizaron a posteriori lo ilegalmente ejecutado" mediante la elaboración de unas ordenanzas de edificación aprobadas en pleno el 24 de mayo de 2013 que, por la vía de los hechos, garantizaban su impunidad.