El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado hoy remitir a Fiscalía el informe de un despacho de abogados que apunta a que podrían haberse cometido delitos de presunta prevaricación en la prescripción de casi un millar de expedientes sancionadores de carácter urbanístico.

900 expedientes no firmados y caducados
El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna (PSOE), ha recordado que la delegación municipal de Urbanismo había detectado 980 expedientes sancionadores que no se llegaron a firmar por parte del anterior delegado del área, dejándolos prescribir o caducar, y que habrían supuesto un pérdida de 9,1 millón de euros a las arcas municipales.

Porcuna ha explicado en rueda de prensa que el despacho externo Gaona Abogados ha concluido que estas prescripciones podrían constituir un presunto delito de prevaricación, y que si los hechos se hubiesen producido después de junio de 2015, también serían constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

Daño a las arcas municipales
El portavoz ha detallado de que el área de Urbanismo sólo ha podido revisar entre un 10 y un 15 por ciento de los expedientes y de éstos sólo se han impulsado ocho, "lo que evidencia el daño grave a las arcas municipales", ha indicado Porcuna. Por uno de estos expedientes sancionadores fue imputado el anterior concejal de Urbanismo, del PP, pero tras su fallecimiento se anuló el proceso.

Por su parte el PSOE había solicitado, antes de conocerse este informe legal, la imputación de la anterior alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), al considerarla responsable de estos hechos.