El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha quedado en libertad tras ser interrogado por la Policía que le mantiene en calidad de investigado a la espera de que el juez decida si le llama a declarar por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en esta ciudad. Fuentes de la investigación han explicado a Efe que, tras ser detenido y asistir al registro tanto de su domicilio como del Ayuntamiento, Torres Hurtado ha sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
Pocas horas después, el regidor ha abandonado las dependencias policiales en calidad de investigado. Será ahora el juez que dirige las diligencias abiertas el que decida si le llama a declarar en los próximos días.
Junto a Torres Hurtado, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido a otras 15 personas, entre las que figuran la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, responsables de este área y algunos empresarios por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en Granada.
Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las detenciones y registros practicados -más de una veintena- se producen en el marco de una investigación sobre la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, concretamente en su área de Urbanismo, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
El caso Serrano
La operación está dirigida por el juzgado numero 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha declarado el secreto de las actuaciones. Este tribunal también instruye el conocido como caso Serrallo, por el que está siendo investigada la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), por presunta prevaricación en las supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza, destinada a zona verde y donde se autorizó un espacio de ocio.
Junto a la concejala, que llegó a prestar declaración judicial el pasado 10 de diciembre, están siendo investigados otros altos cargos de Urbanismo por esta causa, sobre la que está decretada el secreto de sumario. La Fiscalía consideró en su momento que existen "indicios de delito" al apreciar "datos suficientes" de una vulneración no sólo de la legalidad urbanística sino del procedimiento legalmente establecido.