La dirección del sector público andaluz aprueba por la mínima cuando se somete al escrutinio del mérito, la capacidad y la independencia. Esta es la conclusión central del informe 'Dedómetro edición Andalucía 2026', un estudio presentado este jueves en Sevilla por la Fundación Hay Derecho. El análisis, que examina las trayectorias de 153 máximos responsables de 40 entidades públicas de la comunidad entre los años 2000 y 2026, revela que el indicador global de idoneidad de estos altos cargos se sitúa en un ajustado 5,4 sobre 10. Aunque los expertos perciben una ligera mejora en los últimos años, advierten de que esta evolución es todavía parcial, limitada e insuficiente.
La dimensión de esta falta de profesionalización cobra especial gravedad frente al gigantesco volumen del entramado institucional de Andalucía. Según datos del Inventario de Entes del Sector Público Estatal, Andalucía suma 128 organismos, erigiéndose como el segundo sector público autonómico más grande de España, solo por detrás de Cataluña. Este conglomerado de agencias instrumentales gestiona anualmente un presupuesto que supera los 23.000 millones de euros. Sus responsables tienen en sus manos funciones críticas en infraestructuras, fomento del empleo, acceso a la vivienda, transición energética, medio ambiente, gestión agraria y pesquera o la propia administración tributaria de la Junta.
A pesar de la magnitud de los recursos en juego, el diagnóstico concluye que Andalucía carece de un modelo sólido de dirección profesional. Una de las deficiencias más alarmantes de la investigación es la falta de exigencias para acceder a la cúpula directiva. El informe constata que 30 de las 40 entidades analizadas no establecen ningún tipo de requisito material claro y objetivo para los nombramientos. La normativa andaluza se limita, en la inmensa mayoría de los casos, a determinar pura y simplemente qué órgano político tiene la competencia legal para designarlos, dejando un enorme margen a la discrecionalidad del gobierno de turno.
Esta ausencia de filtros cristaliza en el dato más crítico del estudio: la preocupante falta de bagaje a la hora de administrar los recursos. La experiencia previa en gestión de los altos cargos obtiene una nota media de apenas un 3,06 sobre 10. Este déficit resulta llamativo teniendo en cuenta que muchas entidades manejan presupuestos multimillonarios. El coautor del informe, Germán J. Arenas, explica que dirigir estas agencias no consiste únicamente en conocer el sector, sino que exige saber gestionar de forma eficiente presupuestos, liderar equipos humanos, sacar adelante proyectos complejos y anticipar riesgos institucionales, un terreno donde detectan gran debilidad.
Al no existir exigencias objetivas ni procesos de libre concurrencia, la designación termina recayendo casi en exclusiva en la afinidad partidista. La directora general de la organización, Safira Cantos, advierte que esta dinámica genera una dirección mucho más vulnerable a las presiones políticas, provocando alta rotación, improvisación y la quiebra de la continuidad estratégica en sectores vitales. Por su parte, la secretaria general de la fundación, Elisa de la Nuez, subraya que no basta con nombrar a personas con trayectoria profesional, sino que es imprescindible que dicha experiencia sea adecuada para la entidad y fundamentada sobre reglas objetivas.
El estudio pone nombres a las instituciones. Entre las que presentan debilidades más acusadas, el 'Dedómetro' señala a organismos de peso como la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias (EMA), la Agencia Andaluza de Educación, la Agencia de Obra Pública (AOPJA) y la extinta Agencia IDEA. En el extremo opuesto, identifica buenas prácticas en entidades como ACCUA, el Instituto Andaluz de Administración Pública, TRADE o Andalucía Emprende, donde hay una correspondencia más estrecha entre el perfil directivo y la misión encomendada.
Para revertir esta radiografía, Hay Derecho propone implantar medidas urgentes orientadas a profesionalizar la administración. Reclaman instaurar procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos, establecer requisitos normativos mínimos por ley e introducir contratos de desempeño vinculados a objetivos medibles. Además, sugieren crear un modelo estandarizado de currículum para facilitar el escrutinio público. Como resumen desde la fundación, la mejora de la dirección pública no puede depender de la buena voluntad puntual de cada gobierno, sino que requiere reglas estables que garanticen que quienes manejan el dinero de los andaluces sean idóneos y rindan cuentas de sus resultados económicos y sociales.
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