Desahucio en Palmete (Sevilla): las familias llevan su protesta ante la Consejería de Vivienda de la Junta

El barrio sevillano de Palmete ha vuelto a movilizarse este 14 de febrero en defensa del derecho a la vivienda. Más de 25 organizaciones sociales, junto a sindicatos y formaciones de izquierda, han convocado una manifestación para denunciar lo que califican de “situación insostenible” y para mostrar su apoyo a las once familias de la calle Verdad que afrontan un proceso de desahucio.

La marcha, promovida por la plataforma Barrios Hartos, ha partido desde Gran Plaza y concluye ante la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía bajo el lema Su negocio, nuestras vidas. El objetivo es exigir a la administración autonómica que intervenga para garantizar la permanencia de las familias en sus hogares. Lorena, portavoz de los afectados, ha reclamado directamente a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que “deben tomar acción y dejar de mirar a otro lado”. Además, ha advertido que la situación no es un caso aislado: “En Palmete somos 11 familias, pero en Manilva, con el mismo problema, son 62”.

Once familias de VPO en riesgo

Las familias afectadas residen en una promoción de VPO en régimen de alquiler con opción a compra. Según han defendido, disponen de contratos en vigor y no acumulan impagos. Sin embargo, el pasado mes de noviembre recibieron la notificación de una orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, con fecha inicial prevista para el 5 de diciembre. Tras la presión vecinal y la denuncia pública del caso en el pleno municipal del 20 de noviembre, la entidad bancaria comunicó a la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, que solicitaba la suspensión del lanzamiento por el plazo máximo legal de 60 días. Ese margen está a punto de expirar, lo que mantiene a las familias en una situación que describen como “de absoluta incertidumbre” y en la que aseguran sentirse “desprotegidas”.

Las organizaciones convocantes subrayan que entre los afectados hay nueve menores y que existen informes de vulnerabilidad. Por ello, reclaman que las viviendas pasen a formar parte del parque público y que se garantice la permanencia de las familias, rechazando alternativas que consideran “provisionales e inestables”. Según Lorena, las soluciones planteadas hasta ahora pasan por “albergues o pisos compartidos a familias con menores, realmente no son alternativas”.

Alquileres al alza y vivienda vacía

La movilización se enmarca en un contexto de encarecimiento generalizado del alquiler en Sevilla, donde los precios rondan los 800 euros mensuales. Los colectivos denuncian que grandes entidades financieras mantienen miles de viviendas vacías con el objetivo de sostener precios elevados o destinarlas a usos turísticos, lo que, a su juicio, agrava la precariedad de las familias trabajadoras y dificulta la emancipación juvenil.

En el caso de Palmete, han explicado que las viviendas han sido adjudicadas a un fondo a través del Banco Santander por importes que oscilan entre 30.000 y 50.000 euros por inmueble, con un valor total aproximado de medio millón de euros. Las organizaciones han recordado que las entidades bancarias implicadas fueron rescatadas con fondos públicos durante la anterior crisis financiera y sostienen que parte de esos recursos no han sido recuperados.

También han dirigido sus críticas hacia Emvisesa, a la que acusan de no haber frenado el procedimiento judicial pese a las reiteradas peticiones de las familias. Así, han señalado que, mientras el lanzamiento avanzaba, la empresa municipal continuaba ofertando “nuevas promociones a precios de mercado, con alquileres calificados como sociales” que, según han denunciado, se sitúan en “niveles similares a los de la vivienda libre”. A su juicio, la empresa pública está siendo utilizada para favorecer intereses especulativos, en contra de su función social.

Propuestas para ampliar el parque público

En el plano propositivo, las organizaciones sociales plantean la ampliación del parque público mediante la incorporación de viviendas en manos de bancos y fondos de inversión. Entre sus propuestas figura la expropiación sin indemnización de estos inmuebles para destinarlos a alquiler social bajo gestión pública y con participación de los inquilinos.

La protesta de este 14 de febrero ha pretendido, además de respaldar a las familias de la calle Verdad, situar el debate de la vivienda en el centro de la agenda política andaluza. Los convocantes insisten en que el caso de Palmete y el de Manilva evidencian un problema estructural que requiere respuestas urgentes y estructurales por parte de las administraciones.