Andalucía quiere cambiar a sus funcionarios y personal laboral. Principalmente, la renovación afecta al acceso a la función pública, las oposiciones y al desempeño. Se premiará y castigará la buena y mala productividad en el servicio público. Son los puntos importantes del nuevo Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Junta de Andalucía 2023-2030, recién aprobado por el Consejo de Gobierno.

El PP llegó al gobierno andaluz haciendo bandera de la lucha contra la politización de la administración. Los acuerdos de investidura con Ciudadanos y Vox de 2019 ya explicitaban sus prioridades: eliminar la “administración paralela", realizar una “auditoría independiente” en las agencias instrumentales de la administración y limitar la “libre designación de mandos intermedios y generalizando su elección por mérito”.

Pero la realidad actual es la contraria. El personal laboral y de las agencias instrumentales, lo que antes era “administración paralela" no ha dejado de crecer. En cambio, los funcionarios que acceden por oposiciones y méritos descienden. Además, Andalucía es la comunidad que, según denuncian los sindicatos, cuenta con más Puestos de Libre Designación (PLD) en los rangos más altos, más influyentes y mejor pagados de la administración.

El recién presentado reglamento responde a la Ley de Función Pública que la Junta aprobó en mayo. El Plan debe estar vigente en diciembre, pero ya ha despertado la desconfianza de amplios sectores sindicales, que alertan de la “politización del sector público” para que sea “servil a intereses políticos”, por encima de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir al servicio público.

Una administración para el siglo XXI y con relevo generacional

La Ley de Función Pública de Andalucía crea un nuevo paradigma del funcionariado. Afecta a más de 300.000 personas que trabajan para la Junta como funcionarios o trabajadores temporales. Los sectores de salud y educación copan a los afectados, junto a trabajadores de la Administración General o de los entes instrumentales que respaldan a la Junta de Andalucía.

La Junta quiere crear una Administración moderna y atractiva para trabajadores digitales que optan por el sector privado, “que la justicia prevalezca sobre cualquier otra cosa, que el que trabaja más se le reconozca ese mayor trabajo y el que trabaja menos pues se le avise de que no está cumpliendo con sus responsabilidades”, ha proclamado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto Ballesteros.

La administración andaluza ofrece la zanahoria, tiene que renovarse. El 40% de la actual plantilla estará jubilada en 2030. La Junta agiliza los procesos de acceso y contenidos de oposiciones y ofrece premios que van desde gratificaciones económicas por productividad, a preferencia al elegir destino o posibilidad de promoción, anuncia José Antonio Nieto.

Otro de los aspectos más controvertidos es la evaluación del desempeño. Ya sabe, abordar esa idea de que el hecho de ser funcionario te da derecho a desayunar tres veces en tu horario laboral. Nieto explica que se trata de “evaluar quién desarrolla mejor su trabajo en calidad y cantidad”. ¿Pero quién evaluará al funcionario?

No es el qué, sino el quién

 “El consejero dice que importa el qué se evalúa –la productividad– pero nosotros decimos que es importante quién lo evalúa”, dice Mikel Ibáñez, del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Las voces sindicales consultadas asumen que es necesario evaluar el desempeño, pero el examen del trabajo debe atender a criterios objetivos.

“Si el que evalúa al trabajador es un trabajador de alto nivel, que en Andalucía con de libre designación, será alguien cuyo puesto depende del comisario político de turno, ¿qué objetividad podemos esperar de esa evaluación?”, apuntan Ibáñez. Desde el SAF señalan que la administración andaluza está plagada de PLD. El nivel más alto de lo administración es el A1, con niveles que van desde el 20 al 30.

En la Junta, los puestos de libre designación copan los niveles que van del 26 al 30. Esto implica que los que controlan, deciden y monitorean están elegidos por un gobernante. ¿Qué criterios va a seguir un jefe de contratación para escoger a una empresa en un contrato, o un directivo de recursos humanos para contratar a alguien? “Nos tememos que ese criterio sea de conveniencia y afinidad política”, advierten desde el SAF.

“El PP dijo que quitaría los PLD, fue su eslogan en campaña, dijeron que, de director general para abajo, todos los puestos serían por concurso, pero ahora no quieren soltar ese as en la manga”, apunta Ibáñez. La dirección política copa el nombramiento de los cargos intermedios de la administración vía peledés, "hoy por hoy, siendo funcionario en Andalucía, no puedes aspirar a más de un nivel 26, lo que profundiza la politización de la administración”.

La palabra ‘idoneidad’ es ejemplo del debate. ¿Quién es idóneo para un puesto? “Estamos luchando para erradicar la idoneidad de la negociación, todo debe ser calificado por criterio objetivables en la evaluación de competencias”, dice el responsable de administración pública de CCOO en Andalucía, Paco Fernández.

La prioridad de CCOO es quitar la arbitrariedad de la administración pública, “lo que supone un riesgo”. Fernández valora que las reformas que propone la Junta “nos abogan a la conflictividad laboral”, precisamente por la maleabilidad de los criterios de selección de personal y de evaluación del trabajo.

Una cortina de humo

Las declaraciones de Nieto, que a lo largo de la semana ha dado varias ruedas de prensa, ponen el foco en el buen o mal hacer del servicio público. Los entes consultados por este medio muestran su desagrado por el hecho de que la Junta esté anunciando aspectos que aun ni siquiera están debatidos ni acordados.

El Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2022-2030 es negociado con sindicatos en la Mesa Sectorial de Función Pública. Empleados públicos, ciudadanía y sindicatos se reúnen en un debate que no ha concluido, “no entendemos estas declaraciones porque la Ley aún está en desarrollo”, explica Fernández, especialmente crítico con el anuncio de medidas punitivas contra el mal desempeño del funcionario.

Desde CSIF califican de “inaceptables” las declaraciones del consejero que resultan “engañosas” para la ciudadanía al poner al funcionariado en “el ojo del huracán. El sindicato mayoritario en la Administración sugiere que mezclar la evaluación del desempeño y los castigos a los funcionarios es un desvío de la atención. Las acciones punitivas ya existen y, si hubiera nuevas, no están acordadas. “La preocupación del consejero debe centrarse en ofrecer recursos técnicos adecuados”.

El anuncio de la Junta llega cuando el malestar en la sanidad pública andaluza es patente a través de numerosas manifestaciones que denuncian la mala gestión del SAS. No en vano, prácticamente un tercio del sector público andaluz está en este sector.

Por otro lado, reposiciona el debate sobre el estamento público en una nueva reformulación, pero no en la corrección del pasado. Los sindicatos lamentan que el gobierno pasa página a la regulación de lo que antes calificaba como administración paralela, normalizando a personal contratado “sin criterios ni control” como nuevos funcionarios. Los famosos chiringuitos de campaña electoral ya están siendo oficializados y adaptados.