La gestión sanitaria que está desarrollando el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se encuentra bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción investiga a tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su labor y el presidente de la Junta ha cesado a la interventora general, María Antonia González Pavón, que se atrevió a señalar el exceso de fraccionamiento de contratos millonarios, que pudo derivar en un beneficio para hospitales privados de 300 millones de euros. Ahora, al culebrón se suma de nuevo Bidafarma, farmacéutica en la que trabaja la mujer del barón del Partido Popular (PP).
Los contratos de urgencia entre la Junta de Andalucía con la compañía en la que se desempeña Manuela Villena, pareja de Moreno Bonilla, durante los peores momentos de la pandemia estuvieron incluidos en la comisión de investigación de mascarillas del Congreso de los Diputados para conocer el “procedimiento de contratación y adjudicación”, que a los solicitantes resultan sospechosos. Sin embargo, y pese a esta sombra que se cierne sobre Bidafarma, el Ejecutivo andaluz ha decidido firmar un nuevo convenio conjunto en el plano educativo, tal y como ha relatado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.
Hay que hacer mucho y si encima es en Bidafarma mejor
El acuerdo ha sido suscrito en materia educativa y afectará a unos 8.000 estudiantes de Formación Profesional (FP) de Granada, Málaga y Sevilla que este cursando las familias profesionales de Sanidad, Comercio y Marketing y Electricidad y Electrónica. Todos ellos, pese a la disparidad de las ramas, podrán desarrollar sus prácticas en Bidafarma. “Desde la Consejería hacemos un esfuerzo importante que es dar de alta y asumir el coste de la Seguridad Social del alumnado mientras permanecen en las instalaciones de la empresa”, ha detallado Castillo.
Las declaraciones tras firmar con el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, han ido a más y la consejera ha dado detalles. “Desde la empresa nos aportan la necesaria experiencia, el trabajo en un entorno adecuado y si además reforzamos el emprendimiento y el autoempleo pues genial”, ha proseguido la consejera de Educación. “Hay que hacer mucho y si encima es en Bidafarma pues mejor”, ha trasladado entre risas y miradas cómplices al presidente de la farmacéutica. Así, desde otras formaciones vuelven a sospechar del proceder con la compañía.
“Mayor caso de corrupción sanitaria”
La farmacéutica en la que trabaja la mujer de Moreno Bonilla “tiene un lugar privilegiado para la Junta”, denuncian desde le PSOE de Andalucía. Una más del Gobierno del PP que, para los socialistas, está protagonizando “el mayor caso de corrupción sanitaria”: 300 millones otorgados “a dedo a la sanidad privada sin control”, más de mil millones en contratos troceados para “saltarse los controles”, tres gerentes del SAS investigados por la Fiscalía Anticorrupción y la “protección” a los consejeros de Salud de los periodos abarcados por esta trama completan la lista que presenta el PSOE-A.
“Troceaban contratos, se saltaban la ley y daban dinero a mansalva a hospitales privados para que hicieran negocio con nuestra vida. No lo dice el PSOE sino la Intervención”, ha denunciado la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz. Esto, según la socialista, está siendo ignorado por completo por el Gobierno de Moreno Bonilla, que prefiere desarrollar una “cacería política” que ya “sabe mucho” como desempeñar.
Este conjunto de acusaciones ha llevado a los socialistas, junto con otras formaciones de izquierdas, ha reclamar explicaciones al Ejecutivo andaluz, que por el momento no detalla a que se debe el cese de la interventora ni se pronuncia sobre las múltiples acusaciones de corrupción. Para dar estas explicaciones, el PSOE exige una comparecencia de la consejera de Hacienda y Vivienda en sede parlamentaria y acusa al PP de boicotearla.
“Si están tan tranquilos, no tendrán problemas en dar explicaciones en vez de boicotear las comparecencias, como han hecho con el pleno monográfico de sanidad o la comisión de investigación sobre el caso de los contratos irregulares sanitarios”, ha señalado Férriz. Sin embargo, y más allá de las presiones, no parece que la comparecencia vaya a producirse, menos teniendo en cuenta la mayoría absoluta de un Moreno Bonilla que ha optado por vender un mensaje de “tranquilidad” y mirar hacia otro lado al ser increpado por la situación sanitaria y la corrupción que pudiera afectarle.