El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el 24 de septiembre el decreto ley para regularizar viviendas ilegales, “con el que se quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias”, en palabras de la propia Junta de Andalucía.

El problema de las viviendas ilegales en nuestra comunidad y de su correspondiente economía sumergida se arrastra desde hace décadas y los gobiernos socialistas intentaron solucionarlo sin éxito con reformas normativas varias y planes exhaustivos. Porque al cabo del tiempo, se volvían a construir sin permiso.

Ahora, el decreto que entró en vigor el 26 de septiembre, un día después de su publicación en el BOJA, pretende resolver el enorme problema agilizando los trámites administrativos y confiando en la buena disposición de los propietarios y de los ayuntamientos, los verdaderos y únicos culpables de este caos urbanístico por su permisividad y negligencia en hacer cumplir la ley en sus respectivos municipios.

Sorprende que el texto aprobado por el gobierno del PP y Ciudadanos no incluya los datos imprescindibles para evaluar su cumplimiento futuro, como el desglose por municipios del número de viviendas irregulares existentes al día de hoy. Datos que sí se han dado en las comparecencias de los delegados y delegadas provinciales de la Junta, pero solo de las localidades más importantes y agrupados por comarcas, lo que hace más difícil la evaluación de la eficacia de las medidas contempladas.

Con el descontrol urbanístico no se acaba por decreto, el problema hay que abordarlo dotando a los ayuntamientos de más y mejores medios de inspección y control, aunque como ciudadano cumplidor siempre me he preguntado cómo en municipios pequeños, medianos o grandes la policía local no ha visto que levantaban las edificaciones ilegales en cauces de dominio público o en suelos rústicos no urbanizables.

Al igual que ocurre en otros ámbitos como la legislación laboral o la sanitaria, de actualidad por la listeria, faltan inspectores y voluntad para hacer cumplir la ley aunque eso implique perder los votos de los incumplidores.