Mejores o peores, la mayoría de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el coronavirus son de naturaleza técnica, pero son juzgadas como si fuesen de naturaleza política.

También son políticas, obviamente, pero lo son de forma sobrevenida: lo son en la medida en que lo es cualquier medida que toma un órgano político como el Gobierno. La razón por la que las adopta no son originariamente políticas, sino más bien epidemiológicas, sanitarias o incluso económicas, pero no en el sentido de economía política sino más bien en el sentido de economía doméstica.

La metáfora de la guerra sigue siendo más que adecuada como síntesis de lo que nos sucede. Guerra contra un enemigo que es invisible pero que no por ello, como recuerda el virólogo Luis Enjuanes, deja de ser un habilísimo estratega.

Los gobiernos del mundo no está haciendo política contra el coronavirus, están haciendo la guerra: sin embargo, aunque sus medidas no sean políticas sino ‘militares’, al menos en España la oposición civil y parlamentaria las juzga como si fueran políticas. Sería interesante saber su opinión si no conocieran de antemano el color político del Gobierno que las toma.

Un buen relato

Puesto que nos resulta imposible odiar a un virus, descargamos nuestra ira contra el Gobierno. O contra la oposición que ha descargado la suya contra el Gobierno.

Desde la Biblia hasta las mejores novelas del mundo, no hay buen relato digno de tal nombre en el que no haya buenos y malos. Puesto que solo podemos entender la realidad convirtiéndola en relato, la pandemia necesitaba el suyo: uno en el que queda sobreentendido que los buenos somos nosotros, pero que resulta insulso y sin interés narrativo alguno si los malos son unos remotos virus indiferentes a nuestra desgracia.

Las sentencias condenatorias contra el Gobierno dictadas por los partidos contrarios y por una buena parte de la población son precipitadas, cuando no preventivas, porque el tribunal no ha reunido todavía las pruebas suficientes. Más que por hacer lo que hace, se condena al Gobierno por ser el Gobierno.

Le sucede al presidente Pedro Sánchez lo que al célebre lobo reincidente de Ferlosio, al que le negaron en dos ocasiones la entrada en el Cielo alegando su guardián la primera vez que mataba y la segunda que robaba; cuando el lobo llamó a las puertas de la Bienaventuranza una tercera vez, hubo que decírselo: “¡Tú lo has querido! Ahora te irás como las otras veces, pero esta vez no volverás jamás. Ya no es por asesino. Tampoco es por ladrón. Ahora es por lobo".

Pues bien, la oposición no condena al Gobierno por torpe, ni por lento, ni por indocumentado: lo condena por rojo.

España campeona

Desde hace días se viene recalcando con toda razón el dato incuestionable de que España tiene la tasa más alta de muertos y contagios, de lo que cabe concluir que el Gobierno no puede ni debe presumir de haber hecho un trabajo impecable, aunque escuchando en ocasiones al presidente se diría que está convencido de ello.

El dato acusador no diluye, si embargo, el desconcierto por el hecho de que, por ejemplo, en Andalucía la tasa de contagio en el personal sanitario haya venido siendo durante semanas muy superior a la registrada en otras comunidades.

Igualmente, la estadística nacional de muertos y contagiados no aclara por ahora, pero habrá de hacerlo en su momento, por qué hay unas diferencias tan abismales entre unos territorios y otros o entre unas provincias y otras dentro de un mismo territorio.

El preocupante dato de contagios sanitarios andaluces no se debe, desde luego, a que la Junta haya aplicado los protocolos de protección peor que otros gobiernos autonómicos o a que los sanitarios del sur sean más descuidados que los del norte.

Lo razonable, a día de hoy, es sostener que aún no tenemos la información suficiente para dictar sentencia absolutoria o condenatoria, ni contra el Gobierno central ni contra los autonómicos en la parte que les toca. Ni siquiera contra la OMS, al menos hasta que todo esto acabe. Los tribunales populares se han apresurado a bajar de categoría al Gobierno de España sin que la Liga haya terminado.

Lo que dice Taylor

La neurocientífica Shelley Taylor alertaba días atrás en una entrevista en La Vanguardia sobre nuestra tendencia a “utilizar atajos para llegar a conclusiones rápidas sin considerar toda la información necesaria”.

Es en cierto modo inevitable, argumenta Taylor, que prevalezca el denominado sesgo de confirmación, que nos hace tener en cuenta sólo los datos o las opiniones “que confirman la nuestra”, como es inevitable la inclinación de cada uno a “creer que lo que pasa confirma su propia sabiduría previa”.

La pregunta es: ¿cómo compensamos tales condicionantes genéticos o cognitivos? La respuesta no es con buena voluntad: la respuesta es con buenas instituciones capaces de reunir, sistematizar y jerarquizar la información necesaria. Un ejemplo de esas buenas instituciones son los tribunales de justicia: escuchan a todas las partes, piden peritajes, detectan contradicciones, rastrean jurisprudencia, etc. y luego dictan sentencia.

Una investigación

Con la crisis del coronavirus deberíamos hacer algo parecido. Después de superado lo más duro de la crisis –pero no antes, no ahora– una comisión del Congreso o el Senado debería investigar cómo ha sido gestionada por las autoridades, en especial por el Gobierno, y proponer medidas para futuras pandemias.

Lo bueno que tienen tales comisiones políticas de investigación es que reúnen información detallada y de primera mano de los distintos actores que han tomado parte en el drama. Lo malo es que su dictamen final siempre es favorable al Gobierno si este tiene mayoría parlamentaria o contrario a él si no la tiene.

Por eso, lo ideal sería que esa investigación la hiciera un comité de sabios o una institución fuera de toda sospecha, una universidad de prestigio u otra institución que se jugara en ese envite el reconocimiento científico, académico y moral conquistado a lo largo de muchos años.