Este lunes 10 de octubre asistíamos a un acto no solo importante para que aquellos que suscribíamos el acuerdo, sino para toda la ciudadanía en general, por el impacto que tendrá en todo el conjunto de la población andaluza. Pusimos en pie la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta”, firmado por nuestro sindicato, CCOO, CEA y la propia Junta de Andalucía. Una reivindicación de UGT, por la que hemos peleado y debatido durante mucho tiempo, hasta conseguir arrancar el compromiso de todos. Y por fin vio la luz.
La contratación pública en nuestra comunidad autónoma genera un gran impacto económico social y medioambiental, lo que la convierte en una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y para promover políticas sociales que puedan centrarse, entre otros ámbitos, en la creación de empleo en aquellos sectores más desfavorecidos. De ahí la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en los contratos administrativos promovidos por el sector público.
En la buena senda
Creemos que es un acuerdo que va en la buena senda, porque es ir en la buena línea cuando la Administración priorice a aquellas empresas que respeten la organización y representación de los trabajadores en el seno de las mismas, considerándose la existencia de delegados sindicales, comités u otras formas de representación sindical como un factor de calidad en el empleo.
Además, se priorizan aquellas empresas que recojan en sus respectivos convenios colectivos cláusulas referentes a la creación y mantenimiento del empleo de calidad, muestra del evidente compromiso con la estabilidad laboral y lucha contra la temporalidad que tenemos como base fundamental en UGT.
Para UGT Andalucía era fundamental que se dejara meridianamente claro que las empresas a las cuales se le adjudique un contrato con la Administración, tienen que cumplir con los preceptos legales que hasta el momento venimos defendiendo.
Discriminación positiva
Creemos que es muy positivo que se lleve a cabo una discriminación positiva de aquellas empresas que cumplan con el principio de igualdad de género en materia de contratación, salarial, de promoción, etc., en el mismo caso de aquellas empresas que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar con sus trabajadores.
También destacamos desde UGT que para ser contratadas deberán ser empresas que demuestren un escrupuloso cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque no podemos bajar la guardia y seguir perdiendo a trabajadores en el tajo.
Lo que UGT tenía claro y así lo hicimos durante las negociaciones, es que estas cláusulas tenían que estar consideradas de obligado cumplimiento. No podíamos ceder y dejar en el aire que se consideraran como cláusulas recomendables, pues se abría la ventana a hacer aleatoria su inclusión o no en los contratos.
Un acuerdo bajo control
Además, había que dotar a los concursos públicos de los mecanismos claros para que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, la Administración licitadora tuviera las herramientas legales para proceder a iniciar el expediente de resolución del contrato de forma inmediata y directa. Con esto acuerdo, ya es posible: cualquier empresa que haya contratado con la Junta verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.
Eso sí, no vale de nada si no evaluamos los resultados. No queremos que esto se quede en una foto. Por ello, hemos creado un órgano de seguimiento y control que velará por el cumplimiento en la aplicación de las cláusulas sociales y laborales, en el que se encuentren representadas las organizaciones sindicales con mayor representación en Andalucía.
Este es el camino que UGT Andalucía quiere seguir y no vamos a cesar en nuestro empeño de dotar a los andaluces de medidas que potencien la creación de empleo digno, de calidad y con derechos.
