Si Susana Díaz quiere adelantar las elecciones, tendrá que hacerlo sola. Ciudadanos no está dispuesto a darle cobertura política ni argumental a la presidenta si esta toma finalmente la decisión de no esperar hasta el mes de marzo para convocar elecciones, adelantándolas a finales a octubre o noviembre, aunque también tendría la opción de retrasar el adelanto a finales de enero o principios de febrero.
Sin la complicidad, implícita o explícita de Cs, a la presidenta le resultará mucho más complicado justificar la interrupción de una legislatura cuya estabilidad –que tanto valora Díaz– su socio de investidura sigue dispuesto a garantizar.
Como en Moscú
En realidad la hipótesis del adelanto electoral es, en sentido, estricto pura especulación: especulación bien fundada, eso sí, pero especulación al cabo, pues Díaz no ha dejado –ni dejará– entrever cuáles son sus intenciones.
Ciertamente, de conversaciones privadas mantenidas con personas de su entorno cabe inferir razonablemente que la opción del adelantamiento está sobre la mesa de la presidenta, pero se trata de una conclusión muy cogida con pinzas, muy al estilo de las que, antes de la caída del Muro, extraían los corresponsales extranjeros destinados en Moscú, obligados a trabajar con rumores que solían presentar a sus lectores como informaciones contrastadas.
Rivera se planta
El único hecho nuevo reciente que se añade la runrún de adelanto que, con altibajos, se mantiene activo desde hace meses fueron las declaraciones hechas el pasado miércoles en Sevilla por el presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera.
En contraste con los pronunciamientos contrarios al adelanto pero en un tono muy cauteloso del presidente regional del partido, Juan Marín, su jefe de filas no se anduvo por las ramas durante un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly: “No hay motivos –dijo– para no garantizar la estabilidad”, y ello pese a reconocer que incluso las peores encuestas auguran una subida espectacular de Ciudadanos, que podría pasar de los nueve escaños conseguidos en 2015 a rozar los 24 o 25, arrebatando incluso al PP la primera plaza en el centro derecha.
El compromiso de Ciudadanos, insistía Rivera una y otra vez, es “llegar a marzo y cumplir así nuestro pacto de investidura”, aunque también él se apuntaba al runrún generalizado entre políticos y periodistas de que “Susana Díaz está con la calculadora de los tiempos judiciales” en la mano ante la eventualidad de que el tribunal de los ERE que juzga a los expresidentes Chaves y Griñán y 20 ex altos cargos más de la Junta pueda dictar sentencia antes –o en todo caso cerca– de marzo.
“Asumir responsabilidades”
En esa prestigiosa tribuna, Rivera volvió a irritar a sus socios de investidura al aludir, un poco crípticamente, a que el PSOE tendría que “asumir responsabilidades” en el caso de una sentencia condenatoria: “Si no hay asunción de responsabilidades, se romperá cualquier tipo de acuerdo", amenazaba Rivera sin especificar a qué se refería exactamente.
El desconcierto socialista ante la advertencia de Rivera proviene de que todos los procesados en los ERE abandonaron sus cargos institucionales y están fuera del PSOE, además de que el partido como tal ni está acusado ni se han hallado indicios de haberse financiado con la presunta malversación de caudales públicos. Aun así, ¿las palabras de Rivera significan que si la sentencia condenatoria coincidiera con un Gobierno de coalición PSOE-Cs los naranjas lo romperían? Cs no lo aclara.
Nada de lecciones
En el PSOE andaluz, las palabras del líder de Cs supieron a cuerno quemado. Para el secretario de Organización, Juan Cornejo, las declaraciones del “desnortado” líder de Cs sobre la sentencia de los ERE solo buscaban “llamar la atención” para ocultar “el nerviosismo” que se ha apoderado de Ciudadanos tras la llegada de los socialistas a la Moncloa.
El habitualmente calmoso Cornejo advertía también que su partido no iba “a tolerar lecciones” de quien solo pretendía “sacar cabeza, manchando la imagen del PSOE de Andalucía”.
El viernes en Granada, vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, afeaba a Rivera que estuviera “preso de la calculadora electoral”, en alusión al hecho de que hubiera adelantado precipitadamente las primarias de Ciudadanos para elegir candidato a la Junta porque no se fía de las promesas de la presidenta de agotar el mandato.
Por interés personal
Personas cercanas a la presidenta restan trascendencia al hecho de que, llegado el caso, Ciudadanos se uniera al coro de voces de la oposición que acusarían a la presidenta de mirar solo por su interés personal si decidiera adelantar. “El recorrido de esos reproches sería más bien corto”, aventuran.
No obstante, Díaz difícilmente podría desembarazarse del sambenito de que adelantaba los comicios por el pavor a una sentencia desfavorable en el caso de los ERE. Cosa bien distinta es determinar qué impacto podría tener dicha acusación en el ánimo de los electores, hoy por hoy mayoritariamente dispuestos a otorgar de nuevo la victoria a Díaz.
Más peso puede tener en la decisión que tome finalmente Díaz el incierto desenvolvimiento del Gobierno central en las procelosas aguas por las que habrá de navegar en los próximos meses. No es imposible pero sí improbable que su actual periodo de gracia se prolongue hasta marzo, y en política la elección de los tiempos es crucial: el PSOE conservó Andalucía en 2012 porque el entonces presidente Griñán supo aguantar la presión de Ferraz para que hiciera coincidir las autonómicas andaluzas con las generales de noviembre de 2011.
La doctrina de la no interferencia
Aun con todo, la posibilidad de que haya sentencia de los ERE antes de marzo es en principio altamente improbable: el juicio concluirá en noviembre si no hay nuevos retrasos y su complejidad técnica autoriza a conjeturar que el tribunal no despachará la sentencia en menos de cuatro meses y con las fiestas navideñas de por medio.
A ello ha que sumar el argumento no menor de que los tribunales suelen atenerse bastante disciplinadamente a la regla no escrita de no interferir en los procesos electorales. Esta misma semana el Tribunal Supremo decidía habilitar el mes de agosto para acelerar la tramitación de juicio a los líderes independentistas catalanes, de forma que quede visto para sentencia antes de que comience la campaña electoral de las europeas, autonómicas y municipales de mayo de 2019.