Día de nombramientos ayer en el Consejo de Gobierno y día de polémica tras conocerse que el fichaje de Ciudadanos para ocupar la delegación en Granada de la macroconsejería que dirige el vicepresidente Juan Marín había sido Elisa Isabel Fernández-Vivancos, jefa del gabinete jurídico de la Junta en la provincia hasta que fue apartada del cargo por la supuesta negligencia de su departamento en la defensa de los intereses autonómicos frente al promotor inmobiliario Tomás Olivo.
La representación jurídica que dirigía Fernández-Vivancos no se personó en la vista por lo contencioso-administrativo donde debía ratificar el informe pericial de la Junta justificando la paralización y posterior demolición de parte del centro comercial Nevada.
La ausencia del letrado autonómico propició, en 2016, la condena a la Junta a pagar 157 millones de euros a la sociedad de Olivo, situado en el puesto 14 de la lista Forbes de las personas más ricas de España, con una fortuna estimada en 1.800 millones de euros.
Paradojas judiciales
Paradojas de la justicia, la Junta perdía el caso en los juzgados de lo contencioso, pero en la jurisdicción penal Olivo fue condenado en 2011 a 15 meses de cárcel por delito urbanístico, ya que el centro comercial Nevada ocupaba zonas verdes.
Uno de los datos de esa paradoja judicial, como argumentó la Junta tras la sentencia millonaria de 2016, es que el fallo condenatorio en la vía de lo contencioso no tuvo en cuenta que “en paralelo hubo un procedimiento penal con una sentencia firme del 28 de julio de 2011 que también derivó en una paralización de las obras y en condena penal al promotor".
Tomás Olivo no fue el único condenado. El exalcalde socialista de Armilla José Antonio Morales y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate fueron condenados a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitaciónpor un delito de prevaricación urbanística por la tramitación irregular del centro comercial.
La nota oficial de la Junta recordaba que tanto “el Juzgado Contencioso Administrativo número 1, el mismo que ahora condena, como el propio Ayuntamiento de Armilla también decretaron la paralización de las obras", por lo que concluía que "no se puede indemnizar por daños y perjuicios a quien ha cometido un delito".
Además de la condena por delito urbanístico, Olivo tiene también otra por violencia de género sobre su expareja, a la que abofeteó y agarró del pelo delante de la hija de ambos.
Un buen fichaje
Apartada de su cargo y trasladada a otro departamento aunque no llevó personalmente el caso Nevada, la hoy delegada provincial de la Junta pidió la excedencia para fichar por el despacho Ramón y Cajal Abogados, el mismo que, a través del letrado Joaquín García Bernaldo de Quirós, defendía los intereses de Tomás Olivo en el enrevesado litigio del centro comercial.
Fuentes conocedoras de la trayectora profesional de Fernández-Vivancos sugieren que la letrada podría haber incumplido incumplido la Ley 53/84 de Incompatibilidad de las personas al servicio de las Administraciones Públicas al incorporarse al bufete privado sin que hubiera transcurrido el mínimo de dos años prescrito por la ley.
La batalla política
La derrota judicial de la Junta ha venido siendo un argumento recurrente del PP y Ciudadanos contra el anterior Gobierno andaluz, tanto antes y durante la campaña electoral de los comicios del 2 de diciembre como después de tomar posesión el nuevo Ejecutivo conservador.
De hecho, la actual consejera de Fomento y diputada por Granada, Marifrán Carazo, retó a la cabeza de lista del PSOE, Teresa Jiménez, a debatir públicamente sobre lo que la primera denominó “el pufo” y la “suma de errores” de la Junta en el caso Nevada.
La parlamentaria ha exigido también una investigación interna para esclarecer lo sucedido: “La sentencia –dijo Carazo– condenó a la Junta entre otros motivos porque al letrado de la Junta curiosamente se le olvidó acudir al juicio donde debía defender el interés general".
La propia Diputación de Granada, gobernada por el PSOE con el apoyo de Cs, celebró el pasado 11 de diciembre un Pleno Extraordinario sobre esta cuestión en el que PP y el propio partido naranja sacaron adelante su exigencia de “depurar responsabilidades e investigar a fondo” lo sucedido. “Los granadinos nos exigen que ese dinero se quede en las arcas públicas”, proclamó entonces el diputado del PP Antonio Ayllón.
El caso
El caso Nevada se remonta a los años de la burbuja inmobiliaria. Fue en el año 2006 cuando la Junta impugnó por la vía de lo contencioso la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Armilla para construir el centro comercial Nevada en el área metropolitana de Granada.
El juez ordenó una paralización cautelar las obras que se prolongó hasta 2014, año en que el TSJA dio la razón a la empresa de Olivo porque la representación letrada de la Junta –ya estaba en ella Elisa Fernández-Vivanco– había recurrido la licencia fuera de plazo.
Fue entonces cuando el promotor contraatacó y ganó: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada acordó, en junio de 2016, la indemnización de 157 millones de euros semanas después de una vista oral en la cual no se personó ningún abogado de la Junta, lo que en la práctica significaba que el Gobierno andaluz no ratificaba su informe pericial ni se oponía a la indemnización reclamada por Olivo, ya condenado por lo penal hacia varios años.
El recurso del Gobierno autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) empeoró todavía más las cosas para las arcas públicas porque la Junta volvió a perder y el tribunal elevó a 165,6 millones la indemnización.
El dinero –casi 168 millones al sumarle los intereses de demora– fue depositado en diciembre pasado en los juzgados hasta que el Tribunal Constitucional, al que ha recurrido la Junta, resuelva definitivamente el caso. El fallo del TSJA, dictado en mayo de 2017, sería definitivo porque el Supremo no aceptó las apelaciones de las partes.