Manuel Chaves no repetirá en las listas electorales de noviembre por el Partido Socialista pero tampoco dejará el escaño en el Congreso antes de que concluya su mandato, según ha sabido este periódico de fuentes cercanas al expresidente, cuya determinación de agotar la legislatura es independiente de que el instructor del Tribunal Supremo confirme o no su imputación provisional en la macrocausa de los ERE. La posición, muy firme, de Manuel Chaves en este sentido puede ser un impedimento serio para que la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, haga efectivo su compromiso público de exigirle el acta de diputado si el instructor Jorge Alberto Barreiro le imputa algún delito. La imputación delictiva más verosímil sería de prevaricación, supuestamente por haber consentido la aprobación y mantenimiento durante diez años de un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales que la juez de Sevilla Mercedes Alaya considera delictivo y por el que incluso llegó a enviar a la cárcel a un exconsejero de Manuel Chaves. ENTREGAR EL ACTA, SÍ, ¿PERO CUÁNDO? Fuentes cercanas al expresidente se preguntan si la exigencia del acta de diputado tendría lugar inmediatamente después de la propuesta de imputación del juez Barreiro o, como consideran más razonable, cuando dicha propuesta fuera confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, única competente para solicitar al Congreso la autorización para abrir juicio oral a un diputado. No sería la primera vez, argumentan, que un instructor proponer imputar y la Sala rechaza la propuesta. Otra cosa bien distinta es que para entonces el PSOE de Susana Díaz ya hubiera cerrado con otra u otras fuerzas políticas del arco parlamentario los acuerdos necesarios para la investidura de la candidata socialista. En ese caso, la decisión sobre el acta podría esperar hasta que la Sala de lo Penal confirmara una virtual imputación propuesta por Barreiro. Como se sabe, Podemos y Ciudadanos han exigido de entrada la renuncia de Chaves y Griñán para desbloquear la investidura de Díaz. El segundo ya ha renunciado a renovar su acta de senador, aunque algunas fuentes bien informadas aseguran que lo ha hecho porque tenía noticias de que su partido ya había decidido no incluirlo entre los nueve senadores por la comunidad autónoma que el Parlamento andaluz tiene que votar en las próximas semanas, una vez resuelta la investidura. LA SOMBRA DE ALAYA ES AFILADA Las mismas fuentes aseguran que Chaves habría preferido no concurrir en las legislativas de 2011, donde lo hizo por la provincia de Cádiz "a petición expresa" del entonces secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, para reforzar la candidatura. No obstante, entonces no se contemplaba como una posibilidad, ni siquiera remota, que la instrucción del caso de los ERE acabara llamando a la puerta misma del presidente de la Junta de Andalucía. La manga ancha de la juez Alaya para enviar a imputados a prisión o imponer fianzas civiles de cientos de millones de euros ha podido modificar la intención inicial de Chaves de que este fuera su último mandato, ya que perder el aforamiento es arriesgarse a sufrir alguno de esos severos castigos preventivos. No obstante, en el PSOE andaluz tienen muy claro que el expresidente no puede ser incluido de nuevo en una lista electoral, ni siquiera aunque resulte exonerado. Chaves, en cualquier caso, hubiera preferido administrar los tiempos de otra manera. Al adelantarse Griñán haciendo pública su renuncia a renovar el acta de senador, los márgenes de discrecionalidad de su antecesor se han estrechado drásticamente. Todas las miradas se han vuelto hacia él. Por eso comunicó esta semana –y no más adelante– al partido que esta sería su última legislatura. El presidente ha dicho públicamente que el partido no lo ha presionado en sentido estricto, pero es consciente de que la presión para que renuncie existe por sí sola, independientemente de que la dirección del PSOE la haga explícita. En ese sentido, la decisión de no repetir ya estaba de algún modo tomada, y no tanto por Ferraz, San Vicente o el propio Chaves como por el clima político mismo, marcado por la tardía pero incontenible indignación ciudadana ante el uso irregular del dinero público.