Las Mareas Blancas, partidos de la oposición, sindicatos, asociaciones civiles, andaluces y andaluzas han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) en la Oficina del Censo Electoral en Sevilla, respaldada por 57.509 firmas, para frenar el “deterioro” de la sanidad pública andaluza y mostrar su firme rechazo a su “desmantelamiento y privatización” a manos de Moreno Bonilla y el PP. Esta Iniciativa tendrá que debatirse en el Parlamento andaluz, día para el que las Mareas ya han anunciado la ‘gran movilización’ sanitaria, para que “Moreno Bonilla y la consejera, Rocío Hernández, tengan claro que nos tienen enfrente”, tal y como ha expresado el portavoz de Marea Blanca Sevilla, Sebastián Recio, a las puertas de San Telmo.

Miles de personas se han congregado en una movilización ‘improvisada’, posterior a la entrega de la ILP, en la que han reclamado al Ejecutivo popular una “mayor inversión” en este servicio público indispensable y frenar la “estrategia de desmantelamiento” sanitario. Los manifestantes apuntan a que en los últimos cinco años Andalucía ha sufrido un sustantivo deterioro en el servicio público sanitario, marcado por una gestión que ha intensificado la colaboración sanitaria público-privada que, según Recio, está provocando un “adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del sector privado”.

En el acto de entrega de firmas ha estado presente el partido de la oposición, el PSOE-A, donde su portavoz parlamentaria y vicesecretaria general, María Márquez, ha verbalizado el ‘cabreo’ ciudadano con la deficiente gestión de Moreno Bonilla y su consejera de Salud, Rocío Hernández: “Es imposible no encontrarse con ningún andaluz que esté cabreado con el presidente del PP y sus políticas privatizadoras con la sanidad, lo más sagrado que tenemos los andaluces”.

“Solo hay que darse una vuelta por los hospitales o los centros de salud para ver el desastre en materia sanitaria”, ha expresado Márquez, para señalar el ‘modo avión’ del presidente de la Junta de Andalucía este verano: “Se fue a Japón, ha estado tres semanas de vacaciones donde no le hemos visto el pelo, reapareció en la feria, después se ha ido a Galicia y ahora está en Santander, haciendo el primer Consejo del Gobierno del curso político andaluz en Santander. Lo que está claro es que en Andalucía no está. Y, mientras tanto, las calles ardiendo”, ha rematado la vicesecretaria general.

Privatización, deterioro y listas de espera

El secretario general de SATSE Andalucía, José Sánchez, ha cargado duramente contra la gestión de Moreno Bonilla, que considera “motivo suficiente” para estar hoy presentes tanto en la entrega de firmas como en la posterior movilización. “Las declaraciones del presidente donde dice que la sanidad pública no es sostenible es lo que trae hoy aquí a sindicatos, partidos políticos y ciudadanos”.

Sánchez ha manifestado que la “prioridad” de los miles de andaluces y andaluzas que hoy han recorrido las calles de Sevilla es “invertir en el fortalecimiento de la sanidad pública y dejar de invertir en la sanidad privada esos 553 millones de euros” contemplado en el nuevo acuerdo marco sanitario firmado por el Gobierno andaluz para "reducir las listas de espera quirúrgicas" en centros privados.

 

El portavoz de Marea Blanca Sevilla ha reclamado una “fuerte restricción y control democrático” al dinero público que se destina a la privada, instando a una “mayor participación ciudadana”, contemplada en la ILP que se ha presentado esta mañana. En este sentido, Recio ha lamentado la deriva privatizadora que está perpetrando el PP en Andalucía, donde su plan sea establecer un “modelo sanitario mixto”: “Está claro que la estrategia va buscando beneficiar a la privada y cambiar el modelo de servicio público universal y gratuito por un modelo mixto”, en el que tan solo “el que tenga dinero pueda tener sanidad”, estableciendo una diferencia social en función de “los medios económicos que tanga cada uno”.

Modificar la Ley

El documento respaldado por 57.509 personas lo que presenta es una nueva legalidad que modifique la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, encaminada a poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.

Principalmente son tres puntos sustanciales los que vehiculan el resto de artículos que la ILP pretende modificar. En primer lugar, una mayor participación ciudadana en la gestión. La intención de los proponentes es que la ciudadanía adquiera mayor participación en la gestión sanitaria que de la que gozan en la actualidad, que no va más allá que la de "presentar reclamaciones o relegados a un papel meramente de ‘espectador’ ".

En segundo lugar, se busca un mayor control democrático “de sentido común” del dinero público que se destina a la sanidad privada. “No se puede estar dando año tras año miles de millones de euros, muchas veces sin control e, incluso, de manera ilegal, a expensas del servicio público y del presupuesto. Por tanto, la ley tiene que recoger medidas muy severas de control”, ha explicado Recio.

Y, en tercer lugar, saber de dónde se saca ese dinero para desviar a la sanidad privada. Tal y como argumenta el portavoz de Marea Blanca, en los últimos años se ha ido “disminuyendo” el presupuesto público dedicado a la sanidad pública para destinarlo a la sanidad privada. “Queremos recuperar ese dinero porque le pertenece al presupuesto público para dedicarlo a un plan de choque a desarrollar en 5 años que permita reconstruir y reforzar todo lo que debe ser la sanidad pública, que está cayendo en desgracia por una estrategia que va buscando beneficiar a la privada y cambiar el modelo”, ha sentenciado el portavoz.