Si hace unos meses la polémica la generaban los uniformes de las camareras de Hooters, y la semana pasada la vestimenta de las azafatas del torneo de tenis Conde de Godó, ahora el punto de mira está puesto en el supuesto uniforme de las empleadas de una gasolinera de Andalucía.
Este viernes se hacía público que cuatro jóvenes habían sido despedidas de una estación de servicio del grupo AVIA en el municipio de Córdoba de La Carlota por negarse a llevar minifalda.
Según han informado fuentes del Sindicato de CCOO de Córdoba a ELPLURAL.COM, “tres de las trabajadoras afectadas fueron rescindidas de su puesto de trabajo con una carta de despido, mientras que una cuarta cuenta con un despido verbal”. La organización sindical tiene previsto organizar una reunión con las cuatro chicas implicadas con el fin de poder analizar cada uno de los casos y determinar cómo actuar.
Las redes sociales, sin embargo, han sido las primeras en reaccionar. Muchos usuarios han hecho un llamamiento a dejar de repostar en las estaciones de esta compañía.
La compañía se desmarca
AVIA se ha desmarcado rápidamente de lo ocurrido a través de un comunicado en el que lamentan la situación, que, dicen “está afectando injustamente al resto de estaciones abanderadas por la marca AVIA, a sus propietarios y a todos los trabajadores”. En el escrito aclaran que “el uniforme de nuestra compañía, el único admitido tanto en la zona de pista como en la tienda, y de uso obligatorio para hombres y mujeres”, está compuesto por un pantalón largo gris y un polo naranja.
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“Cualquier otra equipación está taxativamente prohibida en nuestro libro de estilo, y ningún propietario de estación de servicio puede utilizar una vestimenta alternativa, ni mucho menos incluir la marca AVIA en una prenda no oficial”, sentencia el escrito.
La compañía concluye que “estamos recabando toda la información relevante que nos permita conocer los hechos concretos y adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, teniendo en cuenta que AVIA es una marca que da la imagen a la estación pero que cede al propietario la independencia en la contratación del personal”.
El Instituto Andaluz de la Mujer se posiciona
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer, que tiene constancia de la situación “se ha dado apoyo legal y jurídico a las afectadas" y cabe la posibilidad de que se elabore "un informe para remitirlo a la autoridad competente, algo que corresponde al Gobierno Central”, explican fuentes de la institución a este diario.
Del mismo modo, la consejera de Igualdad y Política Social, María José Sánchez, estudia “reformar la ley de igualdad, de manera que pueda llevarse al parlamento para dar competencias a la Junta de Andalucía para denunciar estos casos”. Aun así, todo queda en manos de la inspección de trabajo, que es “la que tiene que actuar”.