La situación del consistorio mijeño comienza a ser surrealista. Si extraño resultó que tras ganar el PP las elecciones municipales con diez concejales frente al PSOE con 7 ediles y Ciudadanos con 5, renunciaran a la alcadía y auparan a la tercera fuerza política, la formación naranja de Albert Rivera, no menos kafkiano es el relato de los hechos posteriores. Crisis tras crisis desde el comienzo, peleas internas entre los dos socios que cogobiernan, es la tónica general de este ayuntamiento de la Costa del Sol. El PP "traga" con todo, desde regala tan importante alcaldaía a C's hasta aceptar que su anterior alcalde, Angel Nozal, fuera apartado de la tenencia de alcaldía solo para satisfacer los deseos de la formación naranaja.

Cuestión de fondo: un cambio de cromos
En el fondo de todo subyace algo alejado del ayuntamiento costasoleño y que explica la situación. Merced a ese regalo que el PP hizo a Ciudadanos, los populares mantienen el gobierno de la poderosa Diputación malagueña, donde los populares están en minoría y es allí, como un cambio de cromos, donde C´s devuelve el favor de la alcaldía y mantienen como responsable de la Diputación al presidente del PP provincial y portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo. Si Mijas se "cayera", el efecto dominó podría llegar hasta la propia Corporación provincial

Concejal del PP imputado por acoso
El nuevo punto de álgido enfrentamiento ha surgido de nuevo hoy. El Partido Popular de Mijas ha exigido al alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), con el que mantiene un pacto de gobierno, que dimita por estar "desacreditado" y por tratar de "descabezar" al PP, aunque mantiene la voluntad de mantener el pacto. 
Esta nueva crisis en el pacto firmado entre Ciudadanos y PP de Mijas se produce después de que hoy la formación naranja solicitara a los populares el cese de uno de sus concejales al ser imputado por un presunto delito de acoso laboral.

El PP ha aclarado que el edil Juan Carlos González no está acusado de ningún delito relacionado con la corrupción política, "sino por una mera disputa y discrepancia laboral con el actual jefe de la Policía Local", y añade que el juez que instruye el caso ha desestimado la acusación de apropiación indebida que pesaba sobre él. Los populares acusan al alcalde de "tratar de confundir" a la opinión pública atacando a sus socios de gobierno, "sin hablarlo previamente con ninguno de los concejales del PP", por lo que le piden que dimita como alcalde y se quede como "concejal raso". Le piden a Maldonado que siga el ejemplo del exalcalde del PP Ángel Nozal, que en febrero abandonó sus atribuciones en las delegaciones que tenía asignadas para garantizar la estabilidad del pacto tras detectarse irregularidades en varias empresas municipales tras ser auditadas.

Pese a este nuevo enfrentamiento, el PP manifiesta su voluntad de mantener el pacto de cogobierno con Ciudadanos en Mijas aunque con otro alcalde elegido de entre el resto de ediles de la mencionada formación política. 

No puede haber imputados en el gobierno según el pacto

Ciudadanos ha pedido a los populares que retiren de la vida pública al concejal Juan Carlos González tras ser imputado por un presunto delito de acoso laboral. González ostenta actualmente la delegación de Vía Pública y, según datos aportados por C's, un juez de Fuengirola ha abierto contra él juicio oral en relación a un presunto delito de acoso laboral a un subordinado. La formación naranja ha manifestado que ha esperado un "tiempo prudencial" para pedir responsabilidades al Partido Popular, pero que "ya ha llegado la hora" de solicitarle que cumpla el pacto anticorrupción firmado entre ambos partidos. El pacto contempla que no puede haber imputados en el gobierno municipal, por lo que Ciudadanos exige al PP el cese del edil y, además, que éste abandone su despacho en las dependencias de la Policía Local, "al considerar ilógico que esta persona esté en el mismo centro de trabajo que el empleado al que presuntamente acosaba".

En febrero de este año el exalcalde del PP Ángel Nozal abandonó sus atribuciones en las delegaciones que tenía asignadas y en una tenencia de alcaldía para garantizar la estabilidad del pacto entre el PP y Ciudadanos tras detectarse irregularidades en varias empresas municipales tras ser auditadas.